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La Justicia da la razón al profesor del IES Fernando Aguilar sancionado por la Junta tras denunciar irregularidades


CGT se ha hecho eco de la sentencia sobre el expediente abierto en 2015 al profesor del IES Fernando Aguilar Quignon, de Cádiz, y que da la razón al sancionado por la consejería de Educación de la Junta. Se obliga a la administración a devolver al docente más de dos meses de sueldo. Fue sancionado a raíz de sus denuncias de presuntas irregularidades en el centro. La Junta “en lugar de investigar prefirió ‘matar al mensajero’ e ir contra el denunciante.

CGT se ha hecho eco de la sentencia sobre el expediente abierto en 2015 al profesor del IES Fernando Aguilar Quignon, de Cádiz, y que da la razón al expedientado por la consejería de Educación de la Junta de Andalucía. “La Justicia también sufre los recortes de la crisis y desde 2011 en estas sentencias no cabe recurso ordinario por lo que es sentencia firme”, se apostilla.

Este docente fue sancionado con dos meses y medio sin empleo como consecuencia de un expediente disciplinario abierto a raíz de sus denuncias de presuntas irregularidades en el centro. Entre esas irregularidades estaban: presuntas compras irregulares en el instituto; la posible adjudicación de la cafetería sin cumplir la normativa vigente “beneficiando a un familiar cercano”; y la contratación “atípica” de personal sin oferta pública de empleo durante más de diez años.

Según el fallo no hubo incumplimiento por parte del recurrente en las faltas que se le imputan, “sólo se ha podido demostrar el uso indebido del programa Windows”, por lo que la sanción ha quedado reducida a 10 días frente a los dos meses y medio sancionados por la administración. Además, sobre este aspecto “se ha pedido aclaración al Juzgado y que no parece motivo suficiente para abrir un expediente disciplinario, máxime cuando la propia Junta ha sido condenada a pagar 12 millones de euros a Microsoft y admitió que en 2010 el 45% de los ordenadores de la Junta usaban Windows sin licencia, comportamiento mucho más grave que del que se acusa al profesor, puesto que en este caso sí que tenía licencia para su uso”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el sindicato de Enseñanza de la CGT relata que queda demostrado en la sentencia que cuando este profesor presentó el escrito a la entonces delegada territorial de Educación, Cristina Saucedo, denunciando la contratación, “posiblemente irregular”, del hermano y el amigo del director en el instituto; o cuando se quejaba del trato que estaba recibiendo en su centro en el claustro del profesorado, “estaba utilizando los vehículos adecuados para ello”.

Por consiguiente, la respuesta que debía realizar la delegación de Cádiz “en ningún caso podía ser incoar un procedimiento disciplinario, pues ello es contrario no sólo al derecho a la libertad de expresión, sino también a los cauces establecidos para canalizar las demandas de los distintos usuarios del sistema”, como indica la sentencia.

Este sindicato entiende que esta forma de actuar de la delegación territorial de Educación de Cádiz obedece “al intento de acallar las denuncias sin realizar ningún tipo de investigación que pudiera dar a conocer la realidad de lo que en ese centro estaba sucediendo. Ya pasó con la denuncia que se realizó en 2010 sobre las posibles compras irregulares que se estaban realizando en este mismo centro, que lejos de ser investigadas se limitaron a advertir al denunciante de que si seguía con esa actitud denunciadora tendría problemas”.

Ante estos hechos desestimados por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz, CGT se pregunta “qué sucederá ahora”, subrayando entre otras cuestiones que por ejemplo Saucedo, que inició el expediente contra el docente “fue premiada con un ascenso y hoy es directora general de Participación y Equidad en la Junta de Andalucía. Está claro que la Junta de Andalucía en vez de buscar la verdad y transparencia de lo que sucede ante una denuncia premia al que pone impedimentos para que se practiquen las medidas adecuadas”

Con esta sentencia la administración regional deberá pagar dos meses y cinco días de sueldo al profesor expedientado, “dinero que es de todas las personas de esta comunidad y que la Junta no tiene en cuenta cuando abre expedientes sin realizar las averiguaciones oportunas”. Desde CGT se exige que para futuras actuaciones “debe, en cuanto al servicio de Inspección de la delegación territorial de Educación de Cádiz, reforzar su función asesora sobre la sancionadora”.


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