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La Junta de derechas quiere “echar” a Facua del local en el que tiene su sede en Cádiz desde hace 36 años: “es una represalia de PP y Cs”

La Junta de Andalucía, ahora con gobierno de derechas, pretende “echar” a la asociación de consumidores Facua de la sede en la que viene desarrollando su actividad en la provincia gaditana desde hace 36 años, en la capital. La entidad, que considera esta actuación una represalia por sus críticas a la gestión de PP y Cs, anuncia que no va a acatar la decisión y estudia emprender acciones legales.

La Junta de Andalucía, ahora con gobierno de derechas (de PP y Cs, con el aliento de Vox), pretende “echar” a la asociación de consumidores Facua de la sede en la que viene desarrollando su actividad en la provincia gaditana desde hace 36 años.

Ubicado en la barriada de La Paz, de Cádiz, se trata de un local propiedad de la administración autonómica, que desde 1983 ha permitido a este colectivo su uso para el desarrollo de actividades en defensa de los consumidores, muchas de las cuales han contado incluso con el apoyo económico de los sucesivos gobiernos de la Junta, “incluido el actual”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Facua Cádiz considera esta actuación una “represalia” y ya anuncia que no va a acatar la decisión. Además, estudia emprender acciones legales y va a iniciar una campaña de movilización para denunciar este “ataque” del Ejecutivo de Moreno Bonilla, “con el que intenta restar capacidad de actuación a una organización que le resulta molesta por las críticas a determinadas políticas llevadas a cabo”. En este sentido, recuerda que el primer Gobierno central de Rajoy ya amenazó a Facua con ilegalizarla por criticar la subida del IVA y los recortes en la educación y la sanidad públicas.

“REPRESALIA ANTE LAS CRÍTICAS”

La consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha sido la que ha dado a conocer a la asociación esta decisión mediante el envío de varias notificaciones en las que exige el abandono del local, llegando incluso a amenazar con reclamaciones por daños y perjuicios si no atiende la petición. “La actuación pretende justificarse en la realización de una serie de obras en la finca y en la ausencia, a juicio de la Junta, de un título que acredite la cesión del uso del local a la asociación”, apunta Facua.

Ambos argumentos, se añade, “no son más que meras excusas para intentar esconder una represalia ante las críticas efectuadas contra el gobierno autonómico como, por ejemplo, por su pésima gestión de la alerta por listeriosis, el grave deterioro que está sufriendo el sistema sanitario público, el recorte presupuestario aplicado a las políticas de protección a los consumidores o la pasividad de la administración ante los abusos y fraudes que las empresas cometen contra los consumidores”.

Respecto a la necesidad de realizar obras en el inmueble alegada por la Junta, Facua señala que, actualmente, ya se están desarrollando actuaciones en la finca, “que han sido promovidas no por el gobierno autonómico, sino por la comunidad de propietarios del edificio”. En todo momento, además, la asociación ha manifestado su predisposición a permitir su desarrollo, “siempre que quede acreditada su necesidad y sin que ello suponga, en ningún caso, el desalojo definitivo de la sede”.

Al mismo tiempo, se considera “sorprendente y ridículo” que la Junta alegue ahora que la asociación carece de un título legal que acredite la cesión del uso del local, teniendo en cuenta que ha tenido conocimiento de ello desde 1983 y que, paradójicamente, en la sede se desarrollan actualmente actividades financiadas por la propia administración autonómica.

Tras recibir el requerimiento de la Junta, Facua Cádiz se ha dirigido por escrito en varias ocasiones tanto al delegado territorial de Empleo “y promotor de la decisión”, Alberto Cremades (colocado por Ciudadanos), como a la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, y a la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes (ambas colocadas por el PP). En dichas comunicaciones, les ha trasladado el “grave perjuicio” que esta decisión puede causar “no sólo a la asociación sino a todos los consumidores de la provincia”.

Hasta la fecha, la entidad no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la delegación territorial de Empleo. Por su parte, Mestre ha contestado reiterando a la asociación la orden de desalojo y utilizando los mismos argumentos esgrimidos por Empleo, “aún cuando en conversaciones mantenidas con la responsable de la delegación territorial de Salud ésta adquirió el compromiso de buscar una posible solución que no perjudicara la actividad que desarrolla la asociación”.

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