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El bipartito se defiende ante las “amenazas” de los chiringuitos: “la playa de Cádiz no es el coto privado de quienes tienen una concesión”

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento (y Ganar Cádiz en particular) ha mostrado su “respaldo absoluto” a la gestión del concejal de Urbanismo, ante la amenaza de empresarios de los chiringuitos de llevarlo a los tribunales “por un delito de prevaricación” en relación a la tramitación llevada a cabo sobre las concesiones de estos establecimientos playeros, ya que intuyen “actitudes arbitrarias”. “No es más que fruto de la frustración por no haber conseguido desde la presión y el chantaje lo que realmente quieren”, interpreta el bipartito. PSOE, PP y Cs no han tardado en reprocharle estas acusaciones.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su “respaldo absoluto” a la gestión realizada por el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ante el anuncio realizado por empresarios de los chiringuitos, “que han amenazado con llevarlo a los tribunales por un delito de prevaricación” en relación a la tramitación llevada a cabo sobre las concesiones de estos establecimientos playeros.

Al respecto, la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz avanzaba días atrás su “indignación” ante la actual posición del Ayuntamiento con respecto a los chiringuitos, y la “inseguridad jurídica” que, entienden, generan sus “constantes cambios de criterio”. Aseguraban haberse hartado y que pondrían en marcha “todas las medidas a nuestro alcance con el objetivo de recuperar la estabilidad de nuestras empresas”. Se quejan de que “no reconocen la transmisión de la propiedad realizada como vía para la adaptación de las instalaciones a los nuevos parámetros de ocupación y permanencia”. Tras consultas a la Junta y conocer las consecuencias de su aplicación, “nunca se hizo efectiva dicha transmisión”, se repite una y otra vez desde el Gobierno local.

En este contexto, tras abordarlo con sus servicios jurídicos y revisar la documentación existente, como primer paso estos empresarios han considerado “sobradamente justificada” la presentación de una denuncia por las “actitudes arbitrarias” de Urbanismo en los últimos meses; así, se avisa de una denuncia vía penal por un presunto delito de prevaricación “al entender que se están dictando resoluciones injustas como es la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena y de restablecimiento de la legalidad urbanística”, mientras “se dan autorizaciones de ocupación con mayor superficie de la permitida en el PGOU”.

Por otra parte, en cuanto al acuerdo de desistimiento por parte del Consistorio de los procedimientos de transmisión de los títulos concesionales, se plantea interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo (sin descartar otras medidas judiciales) “por vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima, de seguridad jurídica, entre otras vulneraciones de derechos”. Así como “la prohibición de la administración de actuar contra sus propios actos y con manifiesta desviación de poder”.

“El Ayuntamiento asumió, en su día, la transmisión ante la resolución de la administración competente. De hecho, no presentó alegaciones ni recursos a la citada resolución remitida por la Junta, existiendo notas oficiales y numerosas declaraciones públicas del alcalde, así como otros delegados municipales, sobre la confirmación por parte del equipo de Gobierno de aceptación y apropiación del logro sobre, la gestión del proceso de trasmisión de la concesiones que garantizaban la permanencia y margen de maniobra a los titulares para la mejora de las instalaciones, la consolidación de las plantillas, etc.”, insisten desde la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, que vuelve a lamentar la “situación insostenible” para los casi 200 trabajadores empleados por estos establecimientos playeros.

“LA PLAYA COMO RECURSO NATURAL NO ES EL COTO PRIVADO DE ESTOS EMPRESARIOS”

Como réplica, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, desde el bipartito de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común se apostilla de “forma tajante” que “no existe ninguna actuación irregular ni arbitraria en la tramitación de los expedientes que se han abierto a los chiringuitos sean desde la concejalía de Playas, Contratación o la ahora señalada Urbanismo”.

En el ámbito administrativo, “los técnicos municipales desestimaron en su momento la transmisión de la titularidad. Por tanto, se trata de una cuestión administrativa que la oposición no para de politizar y judicializar, pese a que simplemente se deberá resolverse por la vía administrativa”, interpreta el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’.

En particular, desde Urbanismo “se ha trabajado en todo momento con respeto a la norma, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y siendo impecables en el procedimiento a nivel técnico-jurídico”. De este modo, “se hizo en febrero con el primer expediente por exceso de ocupación, y se ha realizado con los demás”.

Por tanto, añade el Gobierno local, “lo que anuncian los propietarios de los chiringuitos no es más que fruto de la frustración por no haber conseguido desde la presión y el chantaje lo que realmente quieren: mejores condiciones para sus negocios sin concurrencia pública y saltándose las normas urbanísticas” (ampliar en más del doble la superficie que ocupan y también ampliar sobradamente los tiempos de explotación, por un lado durante todo el año, y por otro de 15 años a 25). Y es que estos empresarios se presentaron a un concurso en base a un pliego de condiciones (elaborado por el anterior Gobierno del PP) en el que se establecían unos metros determinados y no se consideraba la apertura durante el invierno, como ahora exigen.

“No es la primera vez que los concesionarios de estas explotaciones se han dirigido a la delegación de Urbanismo presionando por diferentes vías, incluso mandando a sus trabajadores, para que se les permitiese llevar a cabo conciertos o actuaciones cuando la norma aplicable no lo ha permitido”, se relata.

Así, el equipo de Gobierno sentencia que se ha actuado “en base al interés general y con respeto a las normas, no desde el interés particular para beneficiar a unos pocos en detrimento de la concurrencia y del interés general pues no hay que olvidar que la playa como recurso natural no es el coto privado de quienes se han adjudicado una concesión, sino un recurso ambiental a proteger y defender”.

De la misma forma, uno de los socios del bipartito, Ganar Cádiz en Común, ha salido al paso de la demanda que anuncian los empresarios de los chiringuitos contra su concejal, y muestra absoluto apoyo a su gestión en este tema.

La coalición de la que el propio Vila es portavoz municipal “tiene total confianza en el trabajo político que ha desarrollado, siendo impecable en el respeto a la normativa y al PGOU, así como también confían en la labor técnica jurídica de los trabajadores municipales”. Por ello, entiende que el anuncio de los dueños de estos establecimientos de presentar una demanda “es solo un episodio más de la coacción y el chantaje que pretenden ejercer desde un principio para obtener unas mejores condiciones para sus negocios”. A lo que añade además, que la generación de empleo es importante “pero no puede ser el único argumento cuando es por todos conocidos el empleo precario que generan en muchos casos”.

Ganar Cádiz agrega que en la defensa del litoral gaditano y la playa como recurso natural a proteger “vienen siguiendo un perfil claro desde el inicio, tanto en su programa, como en su gestión municipal y su postura pública”. De este modo, recuerda que siempre se ha situado “de manera clara” del lado de acabar con las barbacoas, con los conciertos o con la potente iluminación instalada en años de Teófila Martínez.

PSOE, PP Y CS, EN BLOQUE CONTRA LA REACCIÓN DEL BIPARTITO

Los tres partidos de la oposición también se han manifestado sobre este asunto, la anunciada denuncia y la reacción del bipartito. Por un lado, desde el PSOE, su portavoz Fran González, ha solicitado al edil de Urbanismo que rectifique sus “desafortunadas” declaraciones en las que acusa a estos empresarios de presionar, coaccionar y chantajear.

“Les pedimos que recapaciten, por la buena imagen de la ciudad, y porque, para defenderse a sí mismos, no tienen que poner en jaque a los chiringuitos y a sus trabajadores. Ya es hora de que impere el sentido común en este equipo de Gobierno”, defiende este socialista, apuntando que “no puede ser que siempre la culpa sea de los demás”.

De la misma forma, desde el PP se tacha de “inaudito” el “ataque” de Martín Vila a los empresarios de los chiringuitos “después de ser el responsable, junto al alcalde, de la situación de inseguridad jurídica en la que están”. El principal partido de la oposición opina que si este edil izquierdista (a quien le recomiendan que dimita) quiere hacer arremeter contra alguien o dar las quejas por el hecho de que se haya privatizado la playa renunciando al dominio público que ocupan los chiringuitos “que se las dé al alcalde que fue quien lo hizo con su decreto”.

“Durante meses –señalan desde la derecha- les avisamos que la situación de los chiringuitos solo podría pasar por un nuevo pliego o por la asunción del que estaba en vigor sin modificación alguna. Tan solo por no hacer lo que le decíamos firmaron un decreto que puede terminar con González Santos en el banquillo y con los empresarios, que son perjudicados de buena fe, en una situación de quiebra económica”.

E igualmente, Ciudadanos ha salido criticando la reacción del equipo de Gobierno. El portavoz naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, ha hecho hincapié en que “las acciones emprendidas por los empresarios no son un chantaje ni una amenaza; son la consecuencia de no haber hecho las cosas conforme a la Ley, dando falsas esperanzas a los propietarios, a pesar de que la Junta ya había dejado claro que debía iniciarse un nuevo procedimiento de contratación para no vulnerar el principio de libre concurrencia”.

“Desde Ciudadanos ya advertimos hace meses que la tramitación de este expediente no solo afectaba al Ayuntamiento y a su patrimonio, sino a los derechos de los industriales que se adjudicaron la explotación de los chiringuitos y que entonces pretendían adquirir la concesión administrativa de la que es titular el Ayuntamiento. Una situación que, como ya indicamos entonces, adolecía de seguridad jurídica, pudiendo llegar a perjudicar los derechos o intereses de los propietarios, tal y como ha ocurrido finalmente”, afirma Pérez Dorao.

La franquicia local del partido de Albert Rivera expresa además su sorpresa “ahora que el argumento del equipo de Gobierno es el actuar en favor del interés general”, algo que considera un contrasentido “si tenemos en cuenta que todo este proceso se inició por un decreto del alcalde que carecía de cualquier informe jurídico. No fue hasta que Ciudadanos advirtió sobre el proceso cuando decidió dar marcha atrás”.

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