El Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez ha emitido sentencia desestimando la demanda de derechos fundamentales que interpuso el PP en el Ayuntamiento (Antonio Saldaña y todos sus concejales, salvo Antonio Montero), contra la no aceptación del Gobierno municipal de la solicitud de someter a consulta popular la controvertida retirada de adoquines en la calle Corredera y aledaños.
El reciente fallo confirma conforme a derecho la actuación del Ejecutivo del PSOE liderado por Mamen Sánchez “sin que exista ninguna lesión de derechos fundamentales a dichos concejales, por cuanto el asunto adoquines legalmente no reúne los requisitos legales para ser sometido a consulta popular”.
Al respecto, la primera teniente de alcalde, Laura Álvarez, recuerda que el principal partido de la oposición lleva interpuestas ya cuatro demandas de derechos fundamentales contra el equipo de Gobierno socialista, “de las cuales han perdido tres”. Sólo se les ha dado la razón en aquella que insistía en que Saldaña era el portavoz municipal del grupo. Por el contrario, esta formación de derechas ha visto tumbadas sus demandas por el tema de los dos asesores de Ciudadanos y Adelante, la que interpusieron contra el Presupuesto de 2020, y esta última.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, Álvarez expresa “la satisfacción del Gobierno municipal por esta sentencia que demuestra, una vez más, que actuamos con máximo respeto a las leyes”. “La permanente y continua judicialización de la gestión municipal, que es la única forma de hacer política que sabe hacer Saldaña, consigue titulares cuando presentan las demandas, pero lo importante no es poner demandas, sino ganarlas y, en este caso, esta es la tercera que pierden los concejales del PP de las cuatro que llevan interpuestas”, insiste.
EL PP LE DA LA VUELTA A LA SENTENCIA
Mientras, los populares tratan de reinterpretar este varapalo judicial. “Precisamente el juzgado de Jerez desestima el recurso basándose en un escrito del Ayuntamiento en el que certifica que las competencias en el patrimonio histórico las tiene la Junta de Andalucía y que, por tanto, tanto caos y tanto perjuicio para el comercio del centro y para el casco histórico en general no fue sino puro engaño del PSOE”, se resalta.
Así, para esta derecha lo importante ahora no es que la Justicia le diga no a su demanda, si no que, según su versión, “mientras la alcaldesa llevaba a los tribunales a la Junta y paralizaba las obras de Corredera y Esteve afirmando una y otra vez que las competencias eran municipales, enviaba un escrito al juzgado admitiendo que estaba mintiendo y que, realmente, esas competencias las tenía la Junta”.
“Es una barbaridad que se provocara tantas pérdidas, tantos problemas a unos comerciantes que ya lo estaban pasando bastante mal por la pandemia por un engaño a sabiendas, por una confrontación política que ahora el juzgado ha desenmascarado”, sostiene el PP, que le reclama a Sánchez “que pida perdón”.
Ante ello, el Gobierno municipal del PSOE ha acusado al PP de mentir, y se refiere a la misma sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que “según se establece en el punto sexto de los fundamentos jurídicos, la competencia fue delegada en el Consistorio jerezano”.
Este fallo, se insiste, respalda las tesis del equipo de Gobierno en relación a su capacidad para decidir, autorizar obras y actuaciones en el conjunto histórico de Jerez, puesto que, aún tratándose de una competencia de la Junta, “la misma se encuentra delegada al consistorio, a través de la Orden de 16 de febrero de 2015 de la consejería de Educación, Cultura y Deporte”.
