La empresa concesionaria del servicio privatizado de recogida de basura y limpieza viaria en Jerez, FCC-Cointer-Equal (la UTE Jerez), “está estafando a todos los jerezanos”. Así lo afirman desde Izquierda Unida, lamentando al tiempo la “complicidad” del propio Gobierno local del PSOE.
“No puede entenderse de otra forma que los 258 operarios que establece el pliego de condiciones sean ya apenas 200, que se esté utilizando a auxiliares de servicio, personal con discapacidad, para cubrir tareas propias de peones especializados muy por encima de las que pueden realizar según el pliego, que las instalaciones que la empresa presentó para ganar la oferta aún no estén disponibles, que las 14 cubas que deben salir todos los días se hayan convertido en la mitad, que haya personal usando bicicletas sin luces y hasta sin frenos, y que estén saliendo barredoras o camiones de enseres con un solo operario”, repasa el concejal izquierdista Raúl Ruiz-Berdejo.
Pero lo que este partido (que inició el mandato junto a Podemos integrado en Adelante Jerez) considera “especialmente grave” es que la concejalía de Medio Ambiente, “consciente de la gravedad de los incumplimientos”, mire hacia otro lado en lugar de exigir a la empresa que cumpla con lo recogido en el pliego y, de esta forma, con todos los jerezanos.
A juicio de IU, lo que está ocurriendo con FCC-Cointer-Equal “es lo mismo que está ocurriendo con Aqualia y, tristemente, con un mismo protagonista, el máximo responsable de Medio Ambiente, José Antonio Díaz. Su actitud servil con las multinacionales está convirtiendo al Ayuntamiento de Jerez en cómplice de una estafa al conjunto de los jerezanos, que están pagando a una empresa privada por un servicio que no se está prestando bajo las condiciones en que se había contratado”.
Añade Ruiz-Berdejo en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que el último capítulo del “sainete que está protagonizando la empresa” ha culminado con el despido de una limpiadora, “que pese a recibir el alta médica cuenta con un informe de la mutua que asegura que no se encuentra apta para desempeñar su actual trabajo”. “Y no deja de llamar la atención que una empresa que se jacta de contratar a personas con discapacidad sea incapaz de adaptar el puesto de trabajo de una de sus empleadas y recurra al despido sin siquiera valorar esta posibilidad”, se reprocha.
Es por ello que se insta a la alcaldesa, Mamen Sánchez, a que sea ella “quien intervenga personalmente y ponga coto” a la concesionaria, antes de “siga estafando a todos los jerezanos” y de que la situación “desemboque en un conflicto con la plantilla, cuyos efectos acabaría pagando la ciudad”. “La actitud servil del Gobierno local del PSOE con las multinacionales nos está costando demasiado a los jerezanos y debe cesar de inmediato”, repite este concejal.
Este servicio municipal privatizado estaba en manos de Urbaser (llevaba ya 25 años al frente) que hizo todo lo posible para entorpecer el proceso de adjudicación de la nueva contrata. A principios de agosto de 2019 se llevaba a cabo al fin la firma del suculento contrato a favor de la UTE Jerez, por casi 187 millones de euros sin IVA (más de 226 millones, incluyendo el IVA) durante un periodo de nueve años, con posibilidad de uno más de prórroga. A finales de ese verano comenzaba a operar ya con lo que se llamó y vendió como “zafarrancho de limpieza”.
