En marzo cuando, tras conocerse el informe de la Udef que vinculaba al Ayuntamiento de Jerez con la trama Gürtel, la alcaldesa María José García Pelayo compareció en un pleno extraordinario para asegurar que no había nada ocultar y que toda la documentación estaba a disposición de la oposición y de cualquier ciudadano que quisiera consultarla. Sin embargo, desde IU se denuncia que ocho meses más tarde, el Consistorio “sigue sin facilitar esa información, lo que no hace más que alimentar las dudas, las sospechas y las desconfianzas”.
El pasado mes de marzo cuando, tras conocerse el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) que vinculaba al Ayuntamiento de Jerez con la trama Gürtel, la alcaldesa María José García Pelayo compareció en un pleno extraordinario para asegurar que no había nada ocultar y que toda la documentación relativa al asunto estaba a disposición de la oposición y de cualquier ciudadano que quisiera consultarla.
Sin embargo, desde IU se denuncia que ocho meses más tarde, el Consistorio “sigue sin facilitar esa información, lo que no hace más que alimentar las dudas, las sospechas y las desconfianzas al respecto de la legalidad de las adjudicaciones que han sido objeto de la investigación”.
Ese informe de la Policía Nacional concluía que se habían adjudicado de forma “irregular” varios contratos a dos sociedades de Correa, el cabecilla de la trama Gürtel –vinculada al PP-, Special Events y Down Town Consulting, que se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 (valorado en 162.806 euros), de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre (por 39.366 euros) y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro (por 11.855 euros).
Según el informe de la Udef, los empleados del grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez y que las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización. De lo que se infiere que “el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado”.
Es por ello que, en vista de la sospecha que se cierne sobre la actual alcaldesa del PP, como regidora que era también del Ayuntamiento jerezano en la fecha en la que se adjudicaron las citadas contrataciones, y los numerosos casos de corrupción que están salpicando a los populares, Izquierda Unida, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, reitera la necesidad de que “se actúe con transparencia y se facilite la toda información relativa a los hechos que están siendo investigados”.
De lo contrario, “en caso de seguir ocultando dicha información”, esta formación de la oposición considera que el equipo de Gobierno “estaría incumpliendo con la legislación vigente, en concreto el artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local”, según la cual “todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función” y, de paso, “estaría alimentando las sospechas de todos los jerezanos en un momento en el que la corrupción amenaza con dañar, de forma irreversible, la credibilidad de nuestras instituciones”.
