La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno mensual de abril, en formato virtual, con todas las mociones a debate aprobadas, y en el que se ha respaldado por unanimidad una declaración que apoya las reivindicaciones del comité interempresas de Airbus en España, incluyendo el mantenimiento de la planta de Puerto Real (en la misma jornada en la que la empresa no ha confirmado, de momento, el temido cerrojazo).
En el capítulo de propuestas de los partidos, el PSOE obtuvo el respaldo sobre sus dos iniciativas. Por un lado, instar a la Junta de Andalucía al comienzo de las obras que permitan crear en Tarifa un nuevo Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE), adscrito a la Fundación Andalucía Emprende, en cumplimiento del acuerdo adoptado hace tres años entre la administración autonómica y el Ayuntamiento de Tarifa.
La otra proposición socialista aprobada también insta al Gobierno autonómico, al que se solicita su compromiso presupuestario para construir, en Rota, un nuevo edificio que permita impartir los ciclos formativos de cocina y gastronomía que actualmente ofrece el IES Arroyo Hondo. La iniciativa incluye la intervención del Ayuntamiento roteño, mediante la cesión de una parcela municipal.
Por otro lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, esta sesión plenaria ordinaria ha dado luz verde a dos propuestas planteadas por las derechas de Ciudadanos y PP, que coincidían en su parte dispositiva: reclamar al Gobierno de España la inclusión del sector del vino en el listado de actividades económicas destinatarias de las ayudas reguladas en el Real Decreto ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. IU incorporó una enmienda de adición: el traslado de esta reivindicación a la Junta.
A su vez, el principal partido de la oposición también ha logrado sacar adelante su moción reclamando al Gobierno central la aplicación del IVA reducido, del 10%, al sector de peluquería, estética y barbería. Curiosamente fue el anterior Gobierno de Rajoy el que elevó este IVA al 21%.
Los efectos de la pandemia del coronavirus han inspirado una proposición de IU, aprobada. En concreto se aboga por incrementar la contratación de profesionales de la psicología en los servicios de salud de atención primaria. La moción solicita a la Junta de Andalucía que dedique más recursos a labores de prevención y educación para la salud, además de insistir en la actualización de la Estrategia de Salud Mental.
Además, el alga invasora, y sus negativas consecuencias sobre el sector pesquero, han vuelto a ser objeto de debate plenario. En concreto, a partir de una propuesta de AxSí, se insta a la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta a incluir la rugulopteryx okamurae en el Catálogo Autonómico de Especies Exóticas Invasoras, tal como ya hizo el Gobierno central en el ámbito de sus competencias. Con esta inclusión se pretende una mayor implicación de la administración autonómica en tareas básicas como la restauración de los ecosistemas invadidos, la retirada de arribazones o el aprovechamiento de la biomasa, entre otras posibilidades. A esta iniciativa se incorporó una enmienda de Adelante Cádiz, en demanda –al Estado y a la Junta- de indemnizaciones así como un plan de apoyo económico para el sector pesquero. La propuesta fue aceptada por todos los grupos, salvo el PP que votó en contra.
Finalmente, este pleno también ha aprobado propuesta de Adelante por la que se muestra la disconformidad frente al Decreto Ley 3/2021 por el que el Gobierno autonómico incorpora medidas de agilización administrativa y racionalización de recursos “para el impulso a la recuperación y resiliencia en Andalucía”. A juicio del grupo proponente la nueva norma promovida por las derechas, que exime de estudios de impacto medioambiental, entre otras disposiciones, supone una amenaza a la conservación del medio ambiente y un freno al marco jurídico promulgado para revertir el deterioro ecológico.
LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO CUMPLE 20 AÑOS
Por otro lado, la Diputación, en cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, va a renovar el convenio que regula las competencias de la Junta Arbitral de Consumo de alcance provincial. El nuevo acuerdo se suscribirá con el Ministerio de Consumo y con la consejería de Salud y Familias de la Junta.
Esta renovación, de la que se ha dado cuenta en el pleno, ha permitido destacar que la Junta Arbitral de la Diputación cumple 20 años de existencia en la resolución extrajudicial de controversias entre las empresas proveedoras de bienes y servicios y los consumidores. De 2016 a 2020 la citada entidad ha resuelto más de 17.300 actuaciones; el último año, pese a la pandemia, prestó 3.366 servicios.
