Alcaldes de los municipios con más de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, al igual que ya lo hizo el Consejo de Alcaldías –que representa al resto de localidades gaditanas menores- se han adherido a la reivindicación del Gobierno de la Diputación dirigida a Rajoy para que pueda reinvertir su remanente positivo de tesorería de 2016. Del mismo modo, la presidenta Irene García también ha sumado el apoyo de UGT y CCOO. A la institución provincial le ‘sobran’ de las últimas cuentas más de 23 millones, y espera que sirvan para un nuevo plan Invierte mejor dotado y con más plazo de ejecución.
Alcaldes de los municipios con más de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, al igual que el lunes lo hacía el Consejo de Alcaldías –que representa al resto de localidades gaditanas menores y ELAs- se han adherido este martes a la reivindicación del Gobierno de la Diputación dirigida al Gobierno central para que pueda reinvertir su remanente positivo de tesorería de 2016. Del mismo modo, la presidenta Irene García también ha sumado el apoyo de los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Lola Rodríguez y Francisco Andreu, respectivamente.
De este modo, se puede confirmar que todos los municipios gaditanos y entidades locales autónomas convergen en una causa común: los 23,2 millones de euros de remanente positivo, procedentes del superávit del presupuesto de la Diputación del año 2016, “deben financiar inversiones productivas en la provincia”. La cuantía casi triplica la dotación del reciente plan Invierte que dispuso de una cobertura de 8 millones de euros –lo que ‘sobró’ de las cuentas de 2015- y que se repartió entre todos los ayuntamientos para pequeñas obras, básicamente.
La socialista Irene García ha aclarado que, “si hay voluntad política”, la viabilidad de este fondo –que legalmente debe autorizar el Gobierno de España- no tiene por que ligarse a los Presupuestos Generales del Estado. “Si hay voluntad mañana mismo podría –el Ejecutivo de Rajoy- regularlo a través de un decreto, donde determinase su destino y plazo de ejecución”. Este es un asunto que se comparte por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En cualquier caso tanto la Diputación como ayuntamientos reclaman que se flexibilicen las condiciones de inversión: es decir, que no se limiten a las denominadas obras financieramente sostenibles y que se establezca un periodo de ejecución razonable, como puede ser lo que quede de 2017 y todo el año 2018.
“Queremos que nos dejen invertir ese dinero en función de las necesidades de los municipios”, ha manifestado la presidenta de Diputación, quien ha reiterado el elemento determinante para priorizar las inversiones: el nivel de desempleo de cada localidad.
A la espera del voto que exprese cada grupo político en el pleno mensual de la Diputación –de este miércoles-, hasta ahora todas las impresiones recabadas –en el Consejo de Alcaldías, en el encuentro con grandes municipios y con las entidades sindicales mayoritarias- han manifestado su acuerdo “por unanimidad”.
PRESUMIENDO DE GESTIÓN ECONÓMICA
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la presidenta de la institución provincial ha recordado que esta reclamación persigue trasladar a la sociedad los beneficios de “una eficaz gestión económica”.
Un trabajo que ha permitido obtener un superávit consolidado –incluyendo a la Diputación y sus organismos y empresas- de 64,7 millones de euros, alcanzar unos grados de ejecución presupuestaria “muy por encima” de los promedios de las diputaciones españolas –más del 85%-, situar el nivel de endeudamiento en un 71% de los recursos corrientes y reducir sensiblemente el periodo medio de pago a proveedores -cifrado en 16 días el pasado mes de marzo-.
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