La totalidad de alcaldes de la provincia de Cádiz y la presidenta de la Diputación han firmado ya los convenios con los que se hace efectiva la puesta en marcha del plan de empleo extraordinario Covid-19. La institución provincial moviliza 10,5 millones de euros, de recursos propios, para la contratación temporal de parados en los 45 municipios gaditanos y sus 10 entidades locales autónomas (ELAs, en Jerez, Tarifa y Barbate).
Cada ayuntamiento ha presentado las actividades a desarrollar sus respectivas localidades. En total, se llevarán a cabo unas 200 actuaciones y se beneficiará a unas 3.000 personas con contratos de hasta seis meses. El plan se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2021.
“Aunque el plan ya se podía ejecutar desde el pasado 1 de junio, la mayoría de los ayuntamientos va a comenzar ahora con las actuaciones previstas, con lo que los efectos del plan van a ser muy visibles en toda la provincia”, ha apuntado la diputada provincial de Empleo, Ana Carrera, que también es vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) que gestiona este plan.
El objetivo con el que se pone en marcha la iniciativa es minimizar el impacto social de la pandemia del coronavirus y facilitar medidas extraordinarias de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, que se ven particularmente afectados por las circunstancias actuales, especialmente a todas aquellas personas, que en circunstancias ordinarias no habrían necesitado de ayudas económicas y sociales.
De esta manera, con este plan de empleo, la Diputación pretende asistir a los municipios en el ámbito de la gestión de sus competencias, mediante actuaciones que repercutan en el bienestar de la ciudadanía y en la mejora del desempleo, agravado por la crisis sanitaria, a través de la financiación de los recursos humanos y técnicos necesarios. Fue el pasado mes de julio cuando el pleno provincial aprobó la movilización de los recursos necesarios para la aplicación de este plan. El criterio de asignación económica a cada municipio y pedanía va en función de su número de habitantes.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Carrera ha insistido en la importancia de que los recursos lleguen a todas y cada una de las localidades de la provincia en un momento en el que el desempleo les afecta por igual. Además, la socialista ha puesto de relieve el “gran esfuerzo” que ha realizado la Diputación desde el inicio de esta crisis por poner a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad de recursos a su alcance, “llegando a movilizar en pocos meses más de 27 millones de euros para asistir a las personas más vulnerables, generando empleo y estimulando el tejido productivo y empresarial”.
TAMBIÉN ESTÁ ACTIVO EL PLAN INVIERTE SOCIAL
En paralelo, todos los ayuntamientos gaditanos disponen ya del convenio para la aplicación del llamado Plan Invierte Social post Covid-19 puesto en marcha igualmente por la Diputación.
Este plan, dotado con 3 millones de euros de fondos propios, persigue paliar los efectos que la pandemia ha generado en las localidades de la provincia. Además, la Diputación asume el pago anticipado de la ayuda concedida, para dotar de liquidez a los ayuntamientos. La ejecución abarca hasta el 1 de septiembre de 2021.
Los gastos que las entidades locales van a imputar a este plan están en todos los casos relacionados con la asistencia social primaria, con conceptos como la promoción de la igualdad de género; reinserción social de personas vulnerables; gestión de servicios sociales; servicios a personas dependientes y de asistencia social; residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga. Se permite sufragar gastos corrientes de personal, contratos de servicios y ayudas a familias. En cualquier caso, cada entidad local ha gozado de una amplia libertad para decidir a qué prioridades sociales va a destinar el fondo transferido.
El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, detalla que “las finalidades más demandadas por los municipios han sido la contratación de profesionales de los servicios sociales, bien sean trabajadores sociales para los servicios comunitarios, auxiliares de ayuda a domicilio, orientadores o personal administrativo que agilice la tramitación de los expedientes”. Otro de los conceptos demandados “ha sido la creación o refuerzo de ayudas sociales para la ciudadanía con menos recursos”. También varios ayuntamientos se han decantado por destinar parte de estos fondos extra “a adquirir equipos de protección o a adaptar los edificios municipales a las medidas de seguridad que impone la llamada nueva normalidad”.
El reparto por cantidades del Plan Invierte Social se ha determinado por dos tramos: un fijo mínimo que ingresan todos los municipios y ELAs, y otra cifra variable en proporción al número de habitantes.
7,5 MILLONES ‘LLEGAN’ A LA BAHÍA
Centrándonos en la Bahía y sus siete municipios mancomunados, la capital es destinataria de algo más de 1 millón de euros: unos 677.200 euros para contratar temporalmente a parados, en el marco del programa extraordinario de empleo; y 338.500 euros del plan de ayudas sociales.
En el caso de Jerez, incluyendo a sus ELAs, recibe una cantidad superior a los 2,7 millones: más de 1 millón para el plan de empleo, 408.000 euros para inversión social; y más de 1,2 millones que se quedan en las pedanías (incluye partidas que sólo se aplican a los pueblos, como otro plan de ayuda social, el Plan de Cooperación Local y el Plan Provincial de Obras y Servicios).
A San Fernando esta ayuda extra de la Diputación ronda los 879.000 euros: 637.500 para empleo y 229.800 para inversiones sociales. Y en el caso de El Puerto, casi 847.000 euros: 625.200 correspondiente al plan de empleo y 210.500 para inversión social.
Por su parte, Chiclana dispondrá de 836.750 euros: 617.800 dentro del plan especial de empleo y 207.700 en el capítulo de inversión social. 588.600 euros llegarán a Puerto Real (480.400 euros para empleo y 100.700 para inversión social): y casi 503.000 euros a Rota (424.900 euros para el plan de empleo y 70.400 para inversión social).
