El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha condenado a la empresa Qualytel Teleservices, concesionaria en ese momento del servicio de atención telefónica de emergencia del 085 del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, por vulnerar los derechos fundamentales, en concreto el derecho a la huelga de los trabajadores en los paros convocado por CGT el 17 de marzo de 2017, con motivo de la negociación del convenio colectivo del contact center. Este mismo sindicato presentó demanda al respecto.
Dicha vulneración se produjo “con la necesaria colaboración” del propio Consorcio de Bomberos, “que es quien aceptó la propuesta que la empresa formuló sin ni siquiera haberse reunido con los representantes de los trabajadores”, señalan desde CGT en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
El fallo estima la demanda del sindicato contra Qualytel, declarando que con la decisión de la adjudicataria del servicio “se vulneró el derecho fundamental de huelga al imponer a su personal como servicios mínimos el 100%” (“ya por definición un servicio ‘mínimo’ no puede ser el máximo, es decir el 100%, como aquí ha ocurrido”, se apunta en la sentencia, añadiendo que “la empresa por tanto sabe desde el principio que ese porcentaje es igual a inexistencia del derecho de huelga”). Así, se condena a la misma a abonar al sindicato demandante como indemnizaciones: 2.188 y 450 euros. En total, más de 2.600 euros.
CGT espera que esta sentencia “sirva para que a partir de ahora los trabajadores del 085 puedan ejercer el derecho a la huelga y luchar así por la mejora de sus condiciones laborales, enormemente precarizadas por un modelo de subcontratación de un servicio público esencial”.
“Es impresentable –insiste- que un servicio esencial como es la atención de emergencias en el que están en juego vidas humanas esté sometido a un convenio colectivo como el del contact center pensado para vender productos, con unas condicionas penosas para un ejercicio laboral de tanta responsabilidad, pero luego sí se utilice ese carácter fundamental del servicio para negar el derecho a la huelga”.
De este modo, este sindicato, que ostenta la representación de los trabajadores de la Sala del 085, exige responsabilidades al Consorcio de Bomberos gaditano “por esta grave vulneración de derechos fundamentales”; y vuelve a pedirle que recupere para la gestión pública directa “un servicio tan importante como la atención telefónica de las emergencias del 085”, tal como fue solicitado y aprobado por el pleno de la Diputación.
A raíz de esa propuesta de la institución provincial, el ente (en el que participan la Diputación y la mayoría de ayuntamientos gaditanos) defendió continuar con la gestión privatizada del servicio, ya que ve “inviable” asumir a esta reducida plantilla. La actual adjudicataria es la empresa Ferrovial, que se hizo con el contrato por dos años y algo más de un millón de euros: “teniendo en cuenta que prácticamente el único gasto de la empresa son las nóminas de los trabajadores, estimamos unos beneficios de al menos 700.000 euros”, en estos dos años al frente del mismo, evidenciaban desde CGT meses atrás.
