Unas cien personas se han concentrado este miércoles, convocadas por CSIF con el apoyo de Jusapol, frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz (acción que se ha repetido en otras provincias del Estado) para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y la falta de negociación sobre sus salarios.
El actualmente sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, junto con Jusapol, sindicato vinculado a la extrema derecha, ha iniciado así un calendario de movilizaciones que tiene previsto continuar con una “gran concentración” en Sevilla el próximo 22 de junio, con el objetivo de “visibilizar los recortes” que este colectivo acumula desde hace más de una década, “en la que el personal del sector público ha perdido un 15% de poder adquisitivo”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el presidente de CSIF Cádiz, Enrique Estévez, señala que “es más que urgente que se negocie una subida salarial para nuestros empleados públicos, que arrastran una enorme pérdida de poder adquisitivo desde 2010, cuando el Gobierno central (entonces del PSOE, en plena crisis-estafa) les rebajó el sueldo”. Estévez entiende que “el personal del sector público lleva contribuyendo al pacto de rentas más de diez años”, por lo que “necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes”.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, CSIF ha alertado sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la comunidad autónoma.
Respecto al plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, este sindicato considera que “se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”. En este sentido, se critica igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.
