La última comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras reunirse telemáticamente con el resto de presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de España en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus, no ha dejado indiferente a casi nadie. Y no es por lo que dijo o no dijo. Es que intervino en un atril en el que aparece el escudo de Andalucía alterado (rodeado por laureles y rematado por una corona), atribuido a su presidencia. Dicha modificación va contra lo establecido y protegido legalmente como símbolo histórico de la comunidad.
La plataforma Andalucía Viva ya ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz por este uso alterado del escudo. Este colectivo ciudadano solicita que pida explicaciones urgentes al popular Moreno Bonilla (que cogobierna junto a Cs y el aliento de la ultraderecha), y que se retire de inmediato el uso de ese escudo “porque supone una alteración unilateral e ilegal del símbolo histórico regulado y protegido legalmente, así como una ofensa al pueblo andaluz y a nuestra memoria”.
El vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado en 2007, en el título preliminar y en su artículo 3, especifica que “Andalucía tiene escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933”.
Ese escudo fue diseñado por Blas Infante tomando como referencia el de la ciudad de Cádiz, propuesto en la Asamblea de Ronda de 1918 y aprobado en la Asamblea de Córdoba de 1919. Desde entonces se vino usando hasta el comienzo de la dictadura franquista, volviendo a recuperarse por el pueblo andaluz y regularse institucionalmente en el primer Estatuto de Autonomía de 1981.
El Parlamento aprobó por unanimidad la referida Ley 3/1982 de 21 de diciembre, reguladora del himno y del escudo como símbolos históricos de Andalucía, donde quedó establecido en su artículo 1 de la siguiente forma: “Andalucía tiene escudo propio, que se describe teniendo en cuenta los acuerdos de la Asamblea de Ronda de 1918, como el compuesto por la figura de un Hércules prominente entre dos columnas, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, sujetando y domando a dos leones que representan la fuerza de los instintos animales, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: ‘Andalucía por sí, para España y la Humanidad’, sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas ‘Dominator Hércules Fundator’, también sobre el fondo de la bandera andaluza”.
En su artículo 2 aparece el gráfico que en su momento realizara Andrés Martínez de León, “sin que en ningún momento aparezcan laureles ni corona alguna”.
Por otro lado, la Ley 6/2006 sobre el gobierno de Andalucía habilita al presidente de la Junta en su artículo 15 su “derecho inherente” a “utilizar la bandera y el escudo de Andalucía como distintivo” cuando represente a la comunidad en el ejercicio de su cargo, sin que ello implique la facultad exorbitante de modificarlo unilateralmente y a su antojo.
Es el artículo 3 de la Ley 3/82 de 21 de diciembre, el que establece las situaciones en las que debe utilizarse el escudo institucional de Andalucía, “el único establecido legalmente”, en particular en “los distintivos usados por las autoridades de la comunidad autónoma y “en los objetos de uso oficial en los que por su carácter representativo, deban figurar las insignias de Andalucía”, como el atril desde donde realiza las comparecencias el ahora presidente de la Junta (que en otras apariciones anteriores ha utilizado como símbolo la ‘A’ que este gobierno de derechas ha creado como otro símbolo de la administración andaluza). Y el artículo 9 de la misma ley establece incluso la protección penal del escudo “en idénticos términos a los que se acuerden las leyes estatales para los símbolos del Estado”.
En consecuencia, según subraya Andalucía Viva en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “no se trata del ejercicio por el presidente de la Junta de Andalucía de un derecho a la libertad de expresión, sino al incumplimiento de un deber de representación institucional”.
Por todas estas razones, esta plataforma ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Este colectivo ciudadano que se dice apartidista, nacido meses atrás, tiene como reto “impulsar nuestra reconstrucción como Pueblo”. Tiene entre sus promotores al sacerdote gaditano José Chamizo, durante años en el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz.
