La Diputación ha celebrado su pleno de julio, ya presidido por Ruiz Boix, con amplio acuerdo en el capítulo de mociones políticas, abordándose entre otras cuestiones: el Bono Alquiler Joven, la pobreza infantil, la regularización extraordinaria de inmigrantes, la situación de las personas celíacas, y hasta de la recepción de la señal de la televisión.
La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno mensual, el correspondiente a julio, ya con el flamante presidente de la Corporación presidiéndolo, Juan Carlos Ruiz Boix. Además, en la sesión ha tomado posesión como diputado provincial el socialista Víctor Mora, alcalde de Sanlúcar, que asume la silla de la anterior presidente Irene García (ahora en el Parlamento andaluz), y que como ya se sabía se encargará del área de Servicios Económicos, Hacienda y Gestión Tributaria. Y Ana Carrera ha ejercido ya como nueva portavoz del PSOE.
La sesión plenaria, entre otras cuestiones, ha servido para hacer realidad la reedición de dos nuevos planes de inversiones. Las obras del ahora llamado Dipu-Inver 2022 (que beneficia a todos los ayuntamientos, que son los que han propuesto esas obras; simplifica su formato en relación a anteriores ejercicios y al que se consignan más de 30 millones) y los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2020-2023 (enfocado a los pueblos, con 10,7 millones), así como las modificaciones presupuestarias necesarias para su ejecución, han sido debatidas y aprobadas por vía de urgencia y van a poner en movimiento 40,8 millones de euros, cifra obtenida tras la suma de ambos planes.
Ruiz Boix ha querido exponer cuál es la “repercusión real” que tienen en la provincia estas actuaciones, y ha usado de ejemplo otros dos programas de inversiones, en este caso en ejecución, que también han tenido protagonismo en el debate plenario. Se trata del Dipu-Inver 2021 y el Dipu-Invierte 2021: entre ambos suman 36,9 millones (distribuidos entre todas las localidades, grandes y pequeñas), y propician una previsión de contrataciones, entre empleos directos e indirectos, de 5.239 personas.
Precisamente sobre estos dos últimos planes Invierte, diferentes ayuntamientos y ELAs están teniendo dificultades para cumplir con los plazos establecidos. Por ello, por unanimidad, este pleno de julio ha aprobado ampliar el plazo de ejecución y justificación. En principio, estaba previsto como plazo máximo de finalización el 1 de diciembre, y de justificación, hasta el 15 del mismo mes. Ahora se ha acordado un aumento de plazos de ocho meses para el Dipu-Inver y de siete para el Dipu-Invierte, el máximo legal, “y se da respuesta así al contexto de circunstancias excepcionales de inflación y dificultad de suministros”, se señala en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
SALE ADELANTE LA MAYORÍA DE PROPOSICIONES POLÍTICAS
Por otro lado, el debate de las mociones presentadas por los partidos ha generado un alto porcentaje de acuerdo, pues se han aprobado todos los puntos sometidos a debate, salvo uno, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz. La única moción rechazada ha sido la del PP mostrando su oposición al nuevo mapa concesional de transportes por autobús previsto por el Gobierno de España, que en el caso de la provincia “supondría la supresión de 17 líneas que unen municipios gaditanos con otros de Sevilla y Córdoba capital”. Para esta derecha, “va en contra de la estrategia de movilidad sostenible”.
Sí se ha alcanzado la unanimidad en la proposición del PSOE que solicita a la Junta de Andalucía que establezca los mecanismos administrativos que agilicen el acceso al Bono Alquiler Joven, aprobado por el Gobierno de España a principios de año, y a “la realización de campañas informativas dirigidas a los jóvenes”. Otra moción, para reconocer la labor de los profesionales de la abogacía que desempeñan su labor en el turno de oficio, y que se incrementen las compensaciones económicas que reciben por su servicio, también ha sido respaldada por todos los grupos. La tercera propuesta socialista también ha salido adelante (con la abstención del PP), para que se reconozca y retribuya la turnicidad en sus jornadas laborales de los enfermeros del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
También por unanimidad ha prosperado la proposición de IU para combatir la pobreza infantil, que exige la elaboración de un plan contra la pobreza en menores e insta al Consejo de Gobierno de la Junta a implantar un paquete de 14 medidas encaminadas a este fin. Al igual que la otra moción de este grupo, sobre el cierre del Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa: se reclama al Gobierno central a mantener su ubicación actual y a revocar la decisión de cerrarlo y trasladar su plantilla al de Algeciras.
Relacionada con las políticas migratorias, y pese a las abstenciones de las dos derechas, PP y Cs, ha prosperado la proposición de Adelante Cádiz de apoyo a la campaña iniciativa legislativa popular ‘Esenciales’, que aboga por una regularización extraordinaria de personas inmigrantes sin permisos legales de residencia. Esta formación ha presentado al pleno igualmente una propuesta (aprobada por unanimidad) relativa a la inclusión de intérpretes de lengua de signos en los actos públicos de la Diputación y que facilite a las personas con discapacidad auditiva o sordociegas cualquier trámite o gestión que necesiten realizar en esta administración.
A propuesta del PP, con el voto en contra de IU, se ha dado luz verde a instar al Gobierno de España a impulsar la aprobación de los Diplomas de Acreditación específicos de educadores en diabetes, que es la credencial que certifica que el profesional sanitario ha alcanzado las competencias y los requisitos de formación continuada. El principal partido de la oposición también ha encontrado el apoyo del resto de partidos, salvo Adelante Cádiz, en su moción sobre el Centro Comarcal de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’, en Sanlúcar. En ella, se pide que la institución provincial colabore económicamente con las obras de ampliación de este equipamiento para cubrir la demanda existente y que se inste al Ayuntamiento, a la Junta y al Estado a que participen en esa financiación.
Por otro lado, este pleno ordinario ha secundado una moción de la franquicia naranja (con la abstención de Adelante) en torno a las personas celíacas y sus familiares, con una situación agravada al tener que asumir sobrecostes por la inflación de los precios para los productos que pueden consumir. Reclama al Gobierno central ayudas o deducciones fiscales, así como declarar el apoyo institucional de la Diputación a este colectivo, entre otras medidas.
Y a propuesta de AxSí, la Corporación también ha instado a la Junta (con el rechazo del PP y la abstención de IU) a la elaboración de un proyecto urgente para la modificación o sustitución de la actual línea eléctrica que suministra a Barbate, de 22 kilowatios, por otra con un mínimo de 66kw, y construir una subestación en el Polígono del Olivar para el municipio de Barbate. Los ex del extinto PA también han visto cómo prosperaba su propuesta con una serie de medidas para mejorar la recepción de la señal de la televisión en la provincia.
