La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Cádiz (representación sindical del profesorado conformada por Ustea, CCOO, ANPE, CSIF, CGT, UGT y APIA), exige el “blindaje” de la educación pública y la dimisión del jefe de Planificación Educativa de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Joaquín Mateos, de quien depende el cierre de unidades en colegios públicos gaditanos.
En el marco de la campaña iniciada semanas atrás contra el “desmantelamiento” de la escuela pública, se ha elaborado un documento de rechazo frente a este cierre de unidades y se ha invitado a los ciudadanos a acudir a la vez como acto de protesta este miércoles a mediodía, a hacer entrega del mismo en diferentes registros de la administración autonómica, donde se han formado colas: en la delegación de Educación de Cádiz, en el registro de la calle Alameda Cristina en Jerez y en la subdelegación del Gobierno andaluz de Algeciras.
El pasado 21 de mayo, la Junta de Personal Docente no universitario convocó y celebró ya una manifestación en Cádiz en defensa de la enseñanza pública. En aquellos momentos ya se había confirmado el cierre de unidades en varios centros de cara al próximo curso. Ante el descenso demográfico, desde la Junta se impone el criterio de la eficiencia y se traslada que las supresiones no tienen marcha atrás. “A pesar de que reiteradamente se ha solicitado a Planificación Educativa el listado de unidades de la enseñanza pública sujetas a supresión en nuestra provincia, la respuesta siempre ha sido la misma: aún no hay un listado definitivo”, se lamenta. Pero mientras tanto, se han conocido nuevas amenaza de cierre de líneas pública, mientras no se tocan los conciertos de plazas con la privada-concertada.
A principios de junio se celebró un pleno de la Junta de Personal Docente y, entre otras cosas, se aprobó continuar con las movilizaciones. El acuerdo fue unánime entre todas las organizaciones sindicales con representación: “ni un paso atrás, la escuela pública se defiende”. Y entre las nuevas acciones, se pensó en este acto en los registros para denunciar una vez más la situación.
La Junta de Personal Docente insiste en denunciar la “dureza” de la política de escolarización que está llevando a cabo este año la delegación de Educación de Cádiz a través del servicio de Planificación (el gobierno de la Junta está ahora en manos de la derecha), “pues no paran de llegarnos noticias de nuevos recortes de unidades, especialmente en los bachilleratos. Parece que han decidido quitarse la máscara y meter las tijeras más a fondo que nunca”. Así, el profesorado de la provincia avanza que continuará sus movilizaciones en apoyo de las Ampas y centros afectados.
SIETE EXIGENCIAS
El documento registrado contempla siete puntos. En el primero de ellos se exige el mantenimiento de todas las unidades suprimidas de la enseñanza pública en la capital gaditana, especialmente castigada por los recortes de PP y Ciudadanos: IES Columela, San Severiano, Rafael Alberti y Drago, y CEIP La Inmaculada, “atendiendo a criterios de calidad de enseñanza y no meramente economicistas”. En el caso del San Severiano, los padres (que en este mismo acto han entregado las firmas recogidas) continúan sin ser recibidos por el delegado territorial responsable, Miguel Andreu: denuncian que el recorte de una unidad de primero de Bachillerato deja a 22 estudiantes sin plaza.
Además, se plantea la creación de unidades en aquellos centros de la provincia donde ha existido demanda suficiente, como son el CEIP El Juncal y el IES Tejada de El Puerto; el CEIP Almirante Laulhé, de San Fernando; o el CEIP Carmen Sedofeito de Chiclana, por citar algunos ejemplos.
Otra de las exigencias es que se evite la unión de grupos de edades diversas en toda la Sierra y se respeten los criterios de escolarización recomendados por el servicio de Planificación de no unir grupos de niveles diversos con más de 12 alumnos, ni del mismo nivel de más de 15, como ocurre en CEIP Maestro Gálvez de Villaluenga, o el CEIP Fernando Hué de Zahara de la Sierra. Y mantener en las zonas rurales, como ocurre en el CRIPER de Benamahoma/La Muela/Algodonales o el CEIP Antonio Machado de Grazalema, las unidades necesarias para que esos centros “no se conviertan en las antiguas escuelas unitarias, y poder invertir en progreso y dinamización de esas zonas rurales con el mantenimiento de la población y familias más jóvenes”.
También se pide que se evite la masificación: se construyan los centros públicos prometidos en Jerez o Puerto Real, y no se incumpla la normativa de escolarización que prohíbe ratios por encima de 25 en Infantil y Primaria, y de 30 en Secundaria, como se está haciendo en multitud de zonas de la provincia, como pueden ser Castellar, Medina o Jerez.
Asimismo, que se tengan en cuenta “criterios que vayan en beneficio de la enseñanza pública y de su calidad, como garantes de un servicio y derecho fundamental equilibrador de las diferencias sociales y de la diversidad”, que apuesten por la bajada de las ratios especialmente en las aulas donde haya escolarizado alumnado de NEAE/NEE (con necesidades específicas o especiales).
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, entre las medidas que se reclaman a la Junta está además el blindaje de la educación pública y la revisión, “sin esperar a los cuatro años que restan para finalizar el acuerdo realizado con la enseñanza concertada, “para equilibrar los efectos del descenso demográfico y la caída de la natalidad”.
E igualmente se exige “coherencia en los gestores de la administración como garantes de los bienes públicos que se les han encomendado”, tarea que, “consideramos que están desarrollando de manera contraria a lo que se les encomendó, en especial, desde el servicio de Planificación Educativa”, por lo que se pide la dimisión de su responsable en Cádiz, Joaquín Mateo, a quien se le afea entre otras cosas su “opacidad”.
