Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en la Bahía de Cádiz (en la capital y Jerez) atendieron durante el primer semestre de este año a 248 menores, según las estadísticas de este recurso público que gestiona la consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, y al que llegan por derivación judicial casos de padres y madres “en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad”.
Todas las capitales de provincia (además de Algeciras, Jerez y Marbella) cuentan con estos PEFs, constituidos como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los niños y adolescentes a relacionarse con sus progenitores y familiares. De esta forma, se hacen posibles los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores de edad con los padres o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.
Durante los seis primeros meses de este año, los PEF de Cádiz y Jerez tramitaron 166 expedientes, 63 de ellos (el 38,2% del total) derivados por juzgados de Violencia contra la Mujer. En Andalucía (donde en este semestre el número de menores atendidos asciende a 2.038 menores) fueron 1.459 expedientes, 802 (54,9%) de ellos vinculados a la violencia machista. En estos casos, estos centros de la Junta adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctima, además de fijar un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.
Asimismo, durante el primer semestre de 2019, de los 740 menores afectados por una orden de protección adoptada judicialmente, 77 de ellos se localizaron en Cádiz y Jerez.
UNA DÉCADA OPERATIVO
La Junta explica en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que estos Puntos de Encuentro Familiar cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos con conflictividad familiar.
Esta herramienta pública funciona desde el año 2009, y facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente.
Además, en estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.
