La Diputación de Cádiz ya conoce la liquidación de su presupuesto de 2019: el último ejercicio se cerró con un superávit consolidado de 23,5 millones de euros y el remanente de tesorería para gastos generales se cifra en 44,2 millones. Estos índices acreditan la solvencia de la institución provincial para promover iniciativas que contribuyan a la recuperación del territorio tras los estragos económicos, laborales y sociales de la pandemia del coronavirus.
El presupuesto diseñado para 2019 tuvo un grado de ejecución del 77% de los capítulos de gastos y del 75% de los de ingresos.
Según se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, dicha solvencia económica se confirma con otros ratios que depara el último ejercicio económico: la deuda viva –es decir el importe de los préstamos pendientes y su valor relativo en relación a los ingresos corrientes- es del 33%, cuando hace sólo cinco años se elevaba al 103%; y el ahorro neto -que mide la diferencia entre derechos liquidados y obligaciones reconocidas- es del 20%, un registro que permite concertar créditos para operaciones a largo plazo si fuera necesario. El periodo medio de pago a proveedores de bienes y servicios, en diciembre de 2019, se situó en 19 días, cuando el límite legal, que suelen incumplir la mayoría de administraciones, es de 30 días.
Los gastos de la Diputación en 2019, computables para medir el cumplimiento de la regla de gasto, se cifraron en 191,4 millones de euros. Esta cifra rebasa “ligeramente” el límite determinado para dicho ejercicio, que se situaba en 187,5 millones. Para compensar este desajuste, tendrá que aprobar un plan económico financiero, conforme a las directrices de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, más conocida como ley Montoro.
En este punto, la presidenta, Irene García, sostiene que “superamos ese límite con un solo objetivo: movilizar el mayor volumen posible de recursos en beneficio de los pueblos y ciudades de la provincia”.
SE ANALIZARÁN NUEVOS PROGRAMAS CON LOS AYUNTAMIENTOS
Por otro lado, la socialista García avanza que convocará “en los próximos días” a todos los ayuntamientos gaditanos: a los 40 que conforman el Consejo de Alcaldías, en representación de los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, así como a los de poblaciones con más de 20.000 habitantes. En estos foros precisará el alcance y la dotación presupuestaria de los nuevos programas que activará la Diputación.
“Nuestra prioridad siempre ha sido dedicar todos los recursos disponibles a los ayuntamientos. Esa voluntad ahora se refuerza, a tenor de las circunstancias tan complicadas, con la reinversión que la ley nos permite, en nuevos programas de inversión y ayudas sociales”, ha reiterado.
Desde la declaración del estado de alarma, la Diputación asegura que ha movilizado más de 13 millones canalizados en diferentes intervenciones públicas: adquisición de equipos de protección individual, refuerzos de personal y dos campañas provinciales de desinfección; la aprobación del acuerdo marco del programa DipuActiva (que se alargará hasta 2022); la sexta edición del Plan de Cooperación Local; y un plan de ayudas sociales extraordinarias. A esta relación se le unirán las actuaciones financiadas con los fondos procedentes de esta liquidación de 2019.
El Gobierno de España, con motivo de la crisis del Covid-19, abrió la posibilidad de destinar el 20% del superávit presupuestario a gastos sociales. La Diputación de Cádiz reclama desde hace años la libre disposición de superávit y remanentes.
