El Gobierno de PP y La Línea 100×100 en la Diputación de Cádiz está sopesando la constitución de un nuevo organismo autónomo que aglutine la gestión de sus políticas sociales.
La presidenta Almudena Martínez ya ha defendido que dicha entidad “supone un blindaje público para los trabajadores del área, y garantiza una gestión pública directa de todos los servicios sociales”. Esta “revisión”, para la derecha, está motivada por la “situación insostenible a largo plazo” del actual modelo, “arrastrada de años anteriores y con la que nos hemos encontrado” y que se evidencia especialmente en la administración directa de sus residencias de personas mayores (en Cádiz y en El Puerto de Santa María a las que se añadirá otro geriátrico próximamente en La Línea).
Mientras el PSOE, ahora principal partido de la oposición, ya se teme que este cambio en el modelo de gestión busca “abrir la puerta a la privatización”. Y ya ha pedido la convocatoria con urgencia de una Junta de Portavoces extraordinaria “para que nos aclaren y nos expliquen cuáles son los planes y las pretensiones que tienen”.
Entretanto, el Ejecutivo de Martínez ha iniciado lo que llama “proceso informativo” dedicado a explicar su idea para “mejorar el rendimiento y alcance social” de las políticas de servicios sociales. Los primeros destinatarios de esta ronda, que tendrá continuidad en próximos encuentros y en mesas negociadoras, han sido UGT, CCOO y CSIF, así como personal adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias Sociales e Igualdad, se señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“ESTA ÁREA REQUIERE RESPUESTAS ÁGILES E INMEDIATAS”
La diputada provincial responsable, Paula Conesa, explica que “hablamos de un Área muy sensible que mantiene una atención directa a personas vulnerables”. Esa asistencia “requiere respuestas ágiles e inmediatas” en materia de contrataciones de personal, sustituciones, rotaciones, además de provisiones de suministros y licitaciones de obras y servicios.
Unos procesos que no se resuelven con la celeridad deseada, consecuencia de “plantillas mermadas” en las que el ritmo de las jubilaciones avanza a mayor velocidad que las incorporaciones y de la sobrecarga de trabajo en áreas de la administración provincial.
A ese primer argumento se le une otro adicional: un modelo económicamente insostenible al ponderar el presupuesto empleado y el número de personas atendidas (un centenar de residentes en la actualidad entre los centros de la capital y El Puerto). “El dato resultante compromete el cumplimiento de dos principios constitucionales: el de buena gestión financiera y el de aplicación económica y eficiente de los recursos públicos”, interpreta esta política del PP.
Por su lado, el director del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Javier Rodríguez, ha detallado las razones técnicas que justifican el cambio de modelo que pretende la derecha. “La privatización no es una opción, pero tampoco es una alternativa no intervenir con un nuevo planteamiento como el del organismo autónomo”, defiende. Y añade de forma difusa que “si no hacemos nada alguna entidad superior puede imponer una decisión drástica”.
En este inicio del proceso informativo se esboza un organismo autónomo con una estructura de personal formada por tres grupos: personal del Área, personal propio del organismo autónomo y personal de residencias de mayores.
El personal del Área se integraría en el organismo en las mismas condiciones laborales y retributivas, conforme a las características reconocidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación; el personal propio del nuevo organismo autónomo se contrataría “para solucionar necesidades de plantilla”, y se regiría por un convenio propio que será similar al de la Diputación, equiparado a empleado público de la institución provincial, y negociado con los sindicatos; y el personal de residencias de mayores, con una regulación propia adaptada a su actividad, “que garantice su viabilidad a largo plazo y su pervivencia como servicio público”. En este caso se plantea su incorporación como laborales fijos, tras un proceso selectivo, ligados a un convenio sectorial “con mejoras adoptadas por la Diputación”.
Este planteamiento comprende además un proceso negociador de reubicación voluntaria en otros centros de la institución provincial para el personal del Área adscrito a las residencias.
“AYUDARÍA A LA SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO”
La implantación de este modelo, según el PP, “ayudaría a la sostenibilidad del servicio y a tender a la excelencia”. La finalidad del mismo, se insiste, se basa en “garantizar la gestión pública y directa” de todos los servicios sociales de la Diputación; la “eficiencia y viabilidad económica” de estos servicios; la protección de los derechos laborales; la agilidad en la prestación del servicio a las personas destinatarias; y la “reinversión económica” en más políticas sociales.
Así, la jerezana Almudena Martínez intuye que “a medio o largo plazo se obtendría un ahorro con el que se podrá reinvertir, por ejemplo, en la ampliación de plazas en estas mismas residencias o bien dar cobertura a necesidades de servicios sociales o a demandas de ayuntamientos que requieren nuestra ayuda en sus centros asistenciales públicos. No podemos olvidar que nuestra prioridad son las personas y su bienestar”.
Por su lado, la portavoz del grupo provincial del PSOE, Ana Carrera, insiste en que “nosotros no vamos a permitir que se pierda ni una sola plaza, ni un solo contrato laboral público”. “Vamos a exigir que se hagan todos los esfuerzos para que el modelo, siendo público, sea eficiente y se dé el mejor servicio a los usuarios”; al tiempo que lamenta que el PP quiera aplicar el mismo modelo “de hacer caja” con un servicio público tan necesario e importante.
