Un “mensaje de aliento” ha trasladado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, a los ayuntamientos de la provincia que “están comportándose de una manera ejemplar en el actual contexto de pandemia”. Una actitud demostrada, afirma, “con lealtad y diligencia, pese a la escasez de recursos económicos y materiales”.
Al respecto, ha reiterado que en cuanto las circunstancias lo permitan, convocará al Consejo de Alcaldías “para decidir entre todos el destino de las inversiones que podrá asumir la Diputación”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la presidenta socialista considera que los servicios sociales, que repercutan en la población más vulnerable, tendrán una “evidente preferencia”, sin olvidar el desarrollo de “un plan de empleo para la provincia de Cádiz que, si antes era necesario, ahora es imprescindible”. A colación indica que “la Junta de Andalucía debe trabajar ya en ese plan de empleo”. Y en dicha concreción “encontrará la actitud proactiva y la colaboración de la Diputación”.
García también reclama “el uso sin límites del superávit y los depósitos bancarios”, en consonancia con el planteamiento de revisión legislativa que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado al Gobierno de España.
Desde que empezó la crisis sanitaria del coronavirus las entidades locales, según estima la presidenta, no cuentan con el reconocimiento que la legislación y su confirmada competencia merecen. “Somos parte del Estado y no merecemos ni desprecio ni indiferencia”. Y alude, como ejemplo de esa afirmación, al suministro de equipos de protección aportado en cuatro fases desde la Junta: “no nos casan algunos datos que se publican como los 3,8 millones de mascarillas de las que no sabemos su destino. A los servicios de ayuda a domicilio que presta la Diputación de Cádiz, en coordinación con ayuntamientos y empresas adjudicatarias, nos ha llegado un total de 21.354 mascarillas, para 4.084 usuarios en el conjunto de la provincia. Apenas da para seis días cuando llevamos más de un mes de crisis. Y los guantes, apenas 1.210”. A tenor de lo descrito, la institución provincial ha decidido adquirir equipos de protección, en cuantía suficiente, que llegarán en los próximos días.
Irene García también urge al Gobierno autonómico de derechas para que el fondo social de emergencia, que financia el Gobierno estatal, se transfiera de inmediato a los ayuntamientos y, sobre su desarrollo, se aclaren procedimientos y documentación que deberán solventar las entidades locales. “Cuando demandamos información, con transparencia, no es un capricho. Por ejemplo, al carecer de información municipalizada sobre contagios se dificulta el correcto funcionamiento de servicios públicos como el de recogida y tratamiento de las basuras”, ha argumentado.
“Tenemos que estar a la altura frente a una pandemia que está haciendo mella en las familias y en las pequeñas y medianas empresas, en una provincia ya de por sí castigada”, sentencia la presidenta de la Diputación, que incluye en su mensaje un elogio a los profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de limpieza y de alimentación y a todos los colectivos que conforman los servicios esenciales que conforman el primer cinturón de seguridad frente a la pandemia.
