La OID ha respondido al duro golpe policial en la provincia de Cádiz contra su venta de lotería y sorteos en paralelo a los de la ONCE, que la Junta considera “ilegal” ya que “no cuenta con autorización”. Contraataca anunciando que denunciará a la Policía autonómica “por extralimitarse en sus funciones”. La organización defiende que “paga el impuesto de actividades económicas para la actividad que realiza” y pone en valor que está dando una “oportunidad laboral” a 4.000 personas con discapacidad en todo el Estado.
La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) ha respondido al reciente y duro golpe policial en la provincia de Cádiz contra su venta de lotería y sorteos en paralelo a los de la ONCE, que la Junta de Andalucía considera “ilegal” ya que “no cuenta con autorización”. La OID contraataca anunciando que denunciará a la Policía autonómica “por extralimitarse en sus funciones”.
En los últimos días, la Unidad de Policía adscrita a la Junta ha desarrollado la operación más importante de Andalucía en este sentido, interviniendo casi 275.000 boletos. El amplio dispositivo policial se desarrolló el pasado viernes 31 de marzo de forma simultánea en Cádiz, Chiclana y Algeciras, en las sedes que tiene la OID en esas localidades. Ese día, los agentes culminaron unas actuaciones que se habían iniciado a principios de año y que culminaron con el requerimiento judicial para proceder a realizar registros en las instalaciones de Cádiz y Chiclana, así como con una actuación de inspección en la de Algeciras.
Sobre la operación en Algeciras, en concreto, la OID insiste en que los agentes policiales entraron en sus oficinas “extralimitándose en sus funciones, sin tener la pertinente orden de entrada y registro, ‘por no necesitarla’, según palabras textuales del inspector”.
Esta organización asevera en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que en todo momento “se han dado facilidades para que la Policía efectúe su labor, a pesar de tener pleno convencimiento de que los motivos que han llevado a dicha entrada y registro no están fundamentados”.
En este sentido, la OID repite que “paga el impuesto de actividades económicas para la actividad que realiza: celebración de lotería benéfica”. Y entiende que la administración regional “no es competente para sancionar a la organización”, y se basa en lo dictado por la Audiencia Nacional: “Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, mediante oficio de 17 de enero de 2005 remitido al Ministerio del Interior”.
Así, se añade que “hasta la fecha, y pese a quien pese, la Organización Impulsora de Discapacitados sólo tiene victorias judiciales. Así lo atestiguan los 140 autos de archivo y sentencias a lo largo del territorio nacional por denuncias interpuestas por la ONCE o asociaciones afines que han quedado en nada; la OID jamás ha sido condenada por ninguno de los hechos denunciados”, se defiende.
Además, se argumenta que “son ya más de 4.000 familias las que viven directamente de la OID en España. Personas con diferentes tipos de discapacidad, que independientemente de su diversidad funcional, han encontrado una oportunidad laboral, conquistando ese derecho al trabajo, la integración laboral en la sociedad, y un modo de vida digno con el que mantener a sus familias sin tener que depender de la caridad”.
“SIN AUTORIZACIÓN” Y “SIN NINGÚN FIN SOCIAL”, SEGÚN LA JUNTA
Esta autodefensa de la OID choca con lo apuntando días atrás por el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, incidiendo en se trata de una organización “no autorizada” por la Junta de Andalucía para la celebración, organización y distribución de un sorteo paralelo al de la ONCE, siendo además uno de los principales distribuidores de esos billetes en la provincia.
Esta organización se ampara en su carácter presuntamente social para realizar su actividad, pero las numerosas actuaciones realizadas por la policía autonómica ponen al descubierto que sus actuaciones “no tienen ningún fin social” y entre sus objetivos “no se encuentra la integración de las personas que venden sus boletos” y a los que denominan “voluntarios” o “colaboradores”. De hecho, desde la Junta se afirma que no dan de alta en la Seguridad Social a la mayoría de ellos, “a los que la OID capta entre parados o que tienen algún tipo de ayuda social mientras usan de pantalla a personas con discapacidad, aunque tampoco hay constancia de que se seleccione a los vendedores por este motivo”.
Del mismo modo, se agrega, este juego “clandestino” acarrea desprotección e inseguridad a los compradores, “a los que en muchas ocasiones les resulta muy difícil cobrar el premio porque el boleto ni es un documento legal ni presupone un premio determinado ni aporta referencia alguna de la organización del sorteo”.
La administración andaluza recuerda que el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego “perjudican a los establecimientos que sí cumplen la legislación y constituyen una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener estos locales”. La Policía Nacional adscrita a la Junta tiene entre sus pocas competencias la lucha contra este juego ilegal.
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