El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz ha cerrado el ejercicio de 2017 con unos ingresos de 426 millones de euros. En este saldo convergen las recaudaciones de los 41 ayuntamientos y otras entidades locales que encomiendan la gestión de sus impuestos a la institución provincial (Sólo Cádiz, Jerez y Rota permanecen fuera de esta red, si bien Rota y Jerez han encomendado ya algún servicio puntual).
Es una cifra nunca alcanzada por este servicio: el nuevo dato supera el registro del año 2016 en 36 millones y al de 2015 en más de 80 millones. “Más allá del resultado numérico lo más importante es que se trata de un servicio de excelencia que aporta seguridad y estabilidad económica a los ayuntamientos de la provincia”, según ha valorado el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís.
El 80% de esta recaudación agrupada procede de las liquidaciones en periodo voluntario. Este porcentaje, en términos absolutos, se traduce en 339 millones de euros. Este dato contrasta con los niveles del año 2015 “cuando encontramos un servicio que estaba prácticamente muerto”, entiende Solís.
La evolución alcanzada tiene varias causas a juicio de este diputado del PSOE: el refuerzo sobre la vía ejecutiva en el año 2016 y que ha motivado reactivar los pagos en el plazo voluntario; y, “sobre todo”, las campañas publicitarias diseñadas para concienciar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esa difusión pública ha permitido divulgar medios concretos para resolver el pago de tributos en las mejores condiciones posibles, como es el caso de los planes personalizados de pago que permiten agrupar todos los impuestos locales y liquidarlos hasta en 10 meses sin intereses ni recargos.
En el año 2017 se concertaron más de 18.500 planes personalizados de pago, que superan en más del 60% a los existentes en 2015, y que en términos absolutos suponen más de 14 millones. Jesús Solís también ha destacado el volumen de recibos domiciliados, que suman más de 151 millones de euros.
Por vía ejecutiva se ingresaron 87 millones, situándose en unos márgenes similares a los de 2016 aunque sensiblemente superiores (en un 37% de incremento) a los de 2015, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Solís ha valorado “la solvencia técnica, rigor y profesionalidad” del personal del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Al respecto también ha destacado los beneficios logrados con la incorporación de las nuevas tecnologías. De hecho, en la sede electrónica del citado servicio apenas se resolvían 500 trámites en el año 2015, mientras que en 2017 “se habían atendido más de 11.000 trámites” por esta plataforma telemática. Este diputado, que ha comparecido junto a la coordinadora técnica del servicio, Patricia Cuenca, asegura que en 2018 seguirá incidiéndose en las prestaciones de la sede electrónica.
“NINGÚN AYUNTAMIENTO HA TERMINADO EN NEGATIVO”
Los datos de la recaudación del último ejercicio permiten unas liquidaciones provechosas para los ayuntamientos. “Ningún ayuntamiento ha terminado en negativo”, ha concluido Jesús Solís al explicar que los ingresos obtenidos han superado las estimaciones.
Todos los años la Diputación calcula la recaudación de cada municipio y, con dicha previsión, establece un pago regular de anticipos. Al término del año fiscal se comprueba la relación entre los anticipos librados y las cantidades efectivamente recaudadas. El saldo favorece a los ayuntamientos en 34 millones de euros, de los que ya se han adelantado 12 y los otros 22 se transferirán en los próximos días a las cuentas municipales. La situación dista de la encontrada en 2015, cuando gobernaba el PP en la institución provincial, “cuando había 10 millones de euros en negativo y más de los mitad de los ayuntamientos debían dinero al no alcanzarse los objetivos”.
El responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación ha añadido que en el año 2017, y conforme a la encomienda expresada por los consistorios, se han enjugado más de 34 millones de euros en débitos ante entidades financieras, mancomunidades o consorcios prestadores de servicios públicos. Gracias a la estabilidad en los ingresos “hemos dejado esta deuda prácticamente a cero, o bien se ha acordado su devolución mediante convenio”. Al respecto, se ha resuelto el pago de 22 millones de euros ante bancos y entidades financieras, más de 11 millones a consorcios de bomberos, transporte o suministro de agua, así como 1,6 millones de euros en cuotas pendientes con mancomunidades de municipios.
