La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado el balance de atención al inmigrante de 2014 en la Bahía de Cádiz. En total, se han atendido en sus cinco oficinas del entorno a 1.438 personas, lo que supone una “pequeña disminución” respecto a años anteriores. Sólo el 19% se encuentra en situación de documentación irregular. Ello, para el delegado de la Apdha, Diego Boza, da muestra de que en la provincia la inmigración es ya “bastante estable, porque incluso las personas en situación irregular lo son por irregularidad sobrevenida”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) acaba de presentar el balance de atención al inmigrante de 2014 en la Bahía de Cádiz. En total, se han atendido en las cinco oficinas de atención del entorno a 1.438 personas, lo que supone una “pequeña disminución” respecto a años anteriores. La sede donde se recibió a un mayor número de personas fue la de El Puerto de Santa María (516), seguida por las oficinas de San Fernando (382), Chiclana (281), Puerto Real (187) y Jerez (72). En esta última se empezó la atención el último trimestre.
Respecto a la procedencia de las personas atendidas destacan principalmente tres lugares: Latinoamérica (29%), el África Subsahariana (29%) y el Magreb (27%). Y del total, el 45,39% son mujeres, lo que supone un incremento de atendidas respecto a años anteriores, siendo hombres el 54,61% restante. En cuanto a su situación administrativa, sólo el 19,07% de las personas atendidas se encuentran en situación de documentación irregular. Ello, para el delegado de la Apdha, Diego Boza, da muestra de que en la provincia de Cádiz la inmigración es ya “bastante estable, porque incluso las personas en situación irregular lo son por irregularidad sobrevenida, básicamente por no poder cotizar durante los 12 meses”.
En lo que se refiere al tipo de consultas, destacan las referidas al arraigo (23%) y la atención sanitaria (19%), que está relacionada con las restricciones que se producen en algunas localidades “sobre las que tenemos que actuar con excesiva frecuencia”.
Pese a ese carácter estable, desde la Apdha se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “los retos siguen siendo muchos, sobre todo por la falta de voluntad política de abordarlos”. De hecho, se lamenta, “apenas hay referencias y propuestas concretas acerca de la integración de la población inmigrante en los programas electorales de los partidos que concurrieron a las últimas elecciones andaluzas”.
Para esta asociación, la constitución del próximo Gobierno de la Junta de Andalucía “es un buen momento para que se aborden cuestiones que consideramos importantes por parte de la administración autonómica”. Entre estas están: poner en marcha los paralizados planes es integrales andaluces para la Integración; acabar con los recortes en integración y el desvío de estos fondos a otros fines por determinadas administraciones públicas; acabar de trabas administrativas que impiden el acceso a la escuela y los comedores infantiles a los menores en situación documental irregular; el traslado de las competencias de inmigración a la consejería de Salud y Bienestar social, quitándolas de la consejería de Justicia e Interior; la puesta en marcha de un programa específico de integración de la comunidad rumana-gitana; un programa de inclusión real que recoja el acceso a “salario social” y ayudas para alquileres y suministros en igualdad de condiciones; y “frente a la desidia del foro andaluz y provincial, el impulso de verdaderos foros de inmigración que participen activamente y en los que se cuente realmente con asociaciones de inmigrantes”.
DE CARA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES
En cuanto a las elecciones municipales de mayo, para la Apdha, “es el momento de plantear una serie de cuestiones a los partidos políticos que se presentan”. Entre estas están: la mejora de las competencias municipales y la reducción de trabas en los trámites de documentación, como la emisión del informe de arraigo o la inscripción en el padrón; la “tolerancia cero” ante manifestaciones xenófobas y racistas; la creación de campañas de visualización positiva de la inmigración y que propugne una integración real; el acceso a los servicios municipales comunitarios en igualdad de condiciones; la vuelta de la oficina de extranjeros a El Puerto, una de las comunidades con mayor población inmigrante; y fomentar la participación de las personas inmigrantes en la vida social y en las asociaciones, como por ejemplo, con la creación de mesas de inmigración.
Por último, desde Boza ha anunciado que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz va a plantear dos iniciativas. Por un lado, la puesta en marcha de una investigación del problema de la vivienda entre los inmigrantes, así como conocer la incidencia de la crisis-estafa a través de encuestas “que realizaremos en los próximos meses”. En este punto se resalta que la tasa de paro entre la población inmigrante es un 14% superior al de la población nacional.
Y por otro lado, se va a seguir exigiendo el derecho al voto de los ciudadanos de países terceros, “hoy extremadamente restrictivo, debido a que son precisos de acuerdos de reciprocidad y a la necesidad de inscripción activa en el censo, cosa que no es preciso para los nacionales. Resulta inconcebible que miles de personas que viven y trabajan aquí, no puedan decidir sobre los cargos públicos de la comunidad en la que residen por el hecho de proceder de otro país”.
