El absentismo laboral en Cádiz “ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema estructural de primer orden”, con consecuencias directas sobre la productividad, la organización de las plantillas, la contratación y la propia viabilidad de pequeñas y medianas empresas.
Es la alerta que lanzan desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta; un asunto sobre el que ya venía advirtiendo en anteriores análisis sobre la incapacidad temporal y, de forma especial, sobre el peso creciente de las bajas vinculadas a procesos de salud mental y de larga duración.
En el Estado español, el absentismo laboral se sitúa en torno al 7% de la población ocupada, con más de 1,5 millones de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo, “y con niveles un 68% superiores a la media europea”. El impacto económico alcanza en torno a 0,7 puntos del PIB, según este colegio profesional.
En el caso andaluz, registra una tasa del 6,6%, con más de 240.000 personas fuera de su puesto de trabajo, “una realidad que tiene reflejo directo en la provincia gaditana”.
El coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes en Cádiz “supera los 565 millones de euros, con un fuerte impacto tanto en las empresas como en el sistema público de prestaciones”, resaltan desde el Colegio de Graduados Sociales en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Para contextualizar estos datos, se señala que buena parte de los informes sobre absentismo laboral proceden de entidades como la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), organización que agrupa a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y que gestiona millones de procesos de incapacidad temporal. Estas entidades “aportan una visión técnica basada en datos reales sobre duración de bajas, incidencia y coste económico”.
Los datos refuerzan la línea que este colegio ya venía señalando en un anterior análisis sobre la provincia, donde se constataba una elevada incidencia de las bajas (con 36,44 procesos por cada 100 trabajadores) y un incremento significativo en su duración, especialmente en los casos relacionados con la salud mental, que en muchos casos alcanzan periodos cercanos al año.
“EL DERECHO A LA BAJA MÉDICA ES INCUESTIONABLE, PERO…”
Al respecto, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, apunta que “el derecho a la baja médica es incuestionable”, pero “también lo es la necesidad de proteger la sostenibilidad del sistema y la supervivencia de miles de pequeñas empresas que no pueden soportar durante meses la ausencia prolongada de trabajadores sin una respuesta ágil, coordinada y proporcionada”.
El que fuera también durante años concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz incide en que en una provincia donde el peso de la pyme, la micropyme y los pequeños empleadores “es determinante”, este fenómeno tiene un efecto especialmente severo: “cuando una empresa pequeña pierde temporalmente a uno de sus trabajadores, el impacto es inmediato y, en muchos casos, compromete la actividad diaria”.
Fernández dice entender que parte del aumento de las bajas responde a factores objetivos como el envejecimiento de la población activa, el incremento de enfermedades crónicas, el auge de los trastornos de salud mental y las demoras en diagnósticos o intervenciones, ligado al evidente empeoramiento de la sanidad pública en Andalucía. Sin embargo, considera imprescindible “mejorar los mecanismos de control, seguimiento y coordinación” entre los servicios públicos de salud, la Seguridad Social, la inspección médica y las mutuas colaboradoras.
Ante esta situación, el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reclama una actuación más decidida y coordinada por parte de las administraciones. Entre otras medidas, plantea reforzar la inspección médica, agilizar pruebas diagnósticas, revisar los procesos de larga duración, potenciar el papel de las mutuas y abordar el absentismo también desde la negociación colectiva.
“No se trata de cuestionar derechos, sino de garantizar que el sistema funcione de forma equilibrada, evitando abusos y protegiendo tanto a los trabajadores como a las empresas que sostienen el empleo”, sentencia José Blas Fernández.
