Tras la pancarta ‘Respeto a los derechos humanos en las fronteras’, la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha) ha celebrado en la mañana de este viernes en la capital gaditana una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno para denunciar las vulneraciones de los derechos de la infancia migrante en Ceuta por parte del Ministerio del Interior y exigir el cese de devoluciones y su protección.
Las controvertidas devoluciones de niños a Marruecos iniciadas el pasado 13 de agosto están suspendidas por la Justicia; un proceso que, a decir de la Apdha, “se está realizando de forma masiva y sin garantías, ya que, tal y como se tienen establecidos en los acuerdos, los menores deben ser retornados con sus familias, y si no es posible deberán ser acogidos en un centro con todas las garantías”. “Aunque siempre hemos condenado los discursos de odio de la ultraderecha, es lamentable comprobar que las acciones que realizan desde este Gobierno de España supuestamente progresista no se alejan de ese racismo y estas devoluciones son una prueba más de ello”, se denunciaba en la convocatoria de la protesta.
En la concentración en Cádiz se ha leído un manifiesto, al que ha tenido acceso DIARIO Bahía de Cádiz, y en el que directamente se denuncia “las prácticas y políticas migratorias” del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos y en el que se pide la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Un Gobierno de coalición que “está dejando un legado casi insuperable en la gestión de las migraciones que se está caracterizando por una vulneración sistemática de derechos humanos, siguiendo lo que hacían los gobiernos anteriores e incluso superándolos”.
“SIGUEN REFORZANDO LA IDEA DE QUE DETERMINADAS PERSONAS SON ILEGALES”
“Cuestionamos la credibilidad de este Gobierno que lleva lanzando por un lado discursos cargados de soflamas y realizando acciones puntuales en los que era imposible ignorar la urgencia; pasó con el buque Aquarius, con el Open Arms y ahora mismo con Afganistán. Mientras, por otro lado, mantiene e incrementa la criminalización hacia las personas migrantes, vulnera derechos fundamentales e incluso se desentiende de la obligación internacional de proteger a la infancia”, se remarca en dicho texto.
El colectivo convocante de esta concentración considera que “al igual que la extrema derecha”, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “sigue fomentando y reforzando la idea con sus prácticas de que determinadas personas son ilegales”. Pero “ninguna persona es ilegal. Lo que es ilegal e inmoral es el operativo montado por Interior para devolver a cientos de menores en Ceuta. Menores que estando en situación de vulnerabilidad y habiendo manifestado su interés de quedarse en España y solicitar asilo, han sido expulsados de forma colectiva, con alevosía y a sabiendas de que se vulnera nuestra legislación y los acuerdos internacionales de protección de la infancia. Devoluciones que se han hecho sin garantías de que vayan a volver a un entorno seguro o que nuestro país vecino pueda protegerlos”. Gracias a la rápida actuación de la asociación Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces se ha conseguido que la Justicia paralice estas expulsiones al considerar que no se han cumplido los pasos que establece la ley.
“Qué confianza vamos a tener las organizaciones y la sociedad –se reflexiona- si aquellos que tienen la obligación de hacer cumplir y garantizar los derechos humanos no dudan en impedir las posibilidades de regularización de cientos de personas y en especial de la juventud extutelada para que puedan vivir una vida libre de explotación y en condiciones de igualdad. De que confianza van a disfrutar cuando llevamos 30 años de políticas migratorias inhumanas y el Gobierno de coalición progresista no establece ni invierte en un sistema de acogida que ponga en el centro el respeto por los derechos humanos; al contrario, siguen militarizando las fronteras y fomentando un negocio en el que unos pocos se benefician a costa del sufrimiento de otros muchos”.
Y se insiste: “qué confianza vamos a depositar en un Gobierno que impide una migración legal y segura y que establece acuerdos para subcontratar la represión con terceros países, y que empuja cada año a miles de personas a jugarse la vida en una patera o malvivir en campamentos en condiciones inhumanas a la espera de un futuro”.
En este punto, el manifiesto recuerda que “nuestros mares y océanos están siendo testigos de cientos de tragedias; más de 1.700 personas perdieron la vida durante el 2020 y este año no promete ser menos trágico”. Sin embargo, “nunca ha habido unas palabras de condolencia de nuestros gobernantes para las más de 10.008 personas que han fallecido durante 30 años en nuestras costas, ni justicia ni reparación para sus familiares”.
“No dejaremos de denunciar las políticas migratorias y sus prácticas que vulneran de forma repetida los derechos humanos. No desistiremos en exigir que se respete el derecho universal de migrar, que se establezca un sistema de acogida y vías de migración legales y seguras, que se garantice el derecho a solicitar protección internacional y asilo de todas las personas, y que se proteja y no discrimine a la infancia migrante”, sentencian desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
