Entidades que atienden a personas con discapacidad en la provincia de Cádiz se han movilizado este martes de forma conjunta en la capital gaditana para reclamar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España una solución a la “grave situación” que padecen su centros y servicios por la falta de una “financiación justa”, lo que pone en riesgo su supervivencia.
Esta acción forma parte del calendario de movilizaciones que está impulsando el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía) y que se desarrollarán durante el mes de noviembre por diferentes puntos de la comunidad autónoma.
En esta concentración en la plaza de San Juan de Dios, en la que han protestado juntos personas con discapacidad, familiares y los profesionales y voluntarios que los atienden, se ha procedido a la lectura de un manifiesto con sus reivindicaciones subrayando la necesidad de contar con “una financiación más justa” para los servicios y atención esenciales para las personas con discapacidad en la provincia “con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla además a los gastos que tienen que soportar las entidades”.
En dicho manifiesto se pone de relieve también la importancia de realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios.
Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en estos centros y servicios de las entidades.
En esta concentración en Cádiz se ha querido dejar claro que la discapacidad “no es una cuestión de caridad, sino de derechos”, y que sin los servicios y atención que se prestan, “miles de personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan”.
“El mundo de la discapacidad hace un llamamiento a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica”, se sobresale en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“SE TRATA DE UN SERVICIO QUE COMPETE A LA ADMINISTRACIÓN Y QUE, SIN EMBARGO, NO REALIZA”
Desde CERMI-Andalucía se pone de manifiesto la “situación de asfixia que atraviesan las entidades” con el actual modelo y advierte de que actualmente los servicios que prestan “están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real”.
Para afrontar este problema, se solicita la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios. Además, se recuerda que son las entidades las que atienden a este colectivo, “cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que, sin embargo, no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a una situación límite e insostenible”.
Las reivindicaciones del sector de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno central. Así, al Ejecutivo de PSOE y Sumar liderado por Pedro Sánchez se le exige que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios: “por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado, en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración”.
Y mirando al Gobierno andaluz del PP liderado por Moreno Bonilla, se pide un nuevo modelo “que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos, un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona”.
El manifiesto leído en la protesta y apoyado por todas las entidades presentes recoge esa demanda de una financiación “real y sólida”, ya que se necesita “una solución a largo plazo y permanente que confiera estabilidad” a las entidades en la prestación de estos servicios. Asimismo, se reclama un pacto social y político por la discapacidad, “que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan”.
“Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos”, se apostilla.
EL PSOE ELEVARÁ LAS DEMANDAS AL PARLAMENTO
Representantes del PSOE gaditano que han arropado la concentración ya han avanzado que llevarán al Parlamento andaluz una nueva moción en la que se incluyen puntos para respaldar las reivindicaciones de los colectivos que atienden y cuidan a las personas con discapacidad.
Y se lamenta que el proyecto de presupuesto para 2025 presentado por la derecha “no se llega a ese 11% que reclaman las entidades para que al menos puedan cubrir todos los gastos y se pueda garantizar que se prestan los servicios necesarios con dignidad; no hay ni un céntimo de euro más para garantizar más prestaciones que permitan ampliar los conciertos en todos cada uno de los centros”.
