El diputado en el Congreso del PSOE por Cádiz, Juan Carlos Campo, ha reclamado al nuevo ministro de Interior un “paquete especial de medidas” que ponga solución a los problemas que la provincia está padeciendo en materia de seguridad pública y que “no puede esperar los cien días de cortesía y urgen medidas”. Reclama que se responda a la demanda de los sindicatos en torno a la precariedad de medios y recursos humanos, además de atender las necesidades de los órganos especializados en combatir la criminalidad y disponer de unas instalaciones adecuadas.
El diputado en el Congreso del PSOE por Cádiz, Juan Carlos Campo, ha reclamado al nuevo ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, un “paquete especial de medidas” que ponga solución a los problemas que la provincia está padeciendo en materia de seguridad pública.
El magistrado gaditano, que es portavoz de Justicia del Grupo Socialista, ha expresado su preocupación ante el déficit de efectivos para cubrir bien los servicios públicos y por eso pide a Interior que responda a la demanda de los sindicatos en torno a esa precariedad de medios y recursos humanos, además de atender las necesidades de los órganos especializados en combatir la criminalidad y disponer de unas instalaciones adecuadas.
Así, no solo se ha referido a los problemas que están surgiendo en torno a la construcción de la nueva Comisaría provincial y el caos devenido en servicios fundamentales como la expedición del DNI en la capital, sino a una situación generalizada de falta de personal y medios que se extiende también a otros territorios como Jerez y el Campo de Gibraltar. Sobre Jerez ha recordado que, pese a tener 210.000 habitantes y ser la comisaría que más atestados realiza -21.000 en lo que va de año- dispone de unas instalaciones de tercera –las obras de la nueva comisaría comenzaron hace unas semanas- y acusa falta de personal. En cuanto a Algeciras y La Línea, “en ambos municipios hay un déficit de agentes y medios muy preocupante habida cuenta de que se trata de un enclave estratégico” y en el caso de La Línea, ha subrayado que “dispone de unas instalaciones de hace 46 años”. Al respecto, ha recalcado que de las nueve comisarías de la provincia, seis se hicieron bajo los Gobierno socialistas.
Por otro lado, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, este parlamentario gaditano, miembro de la comisión de Interior, ha dado a conocer una iniciativa registrada en el Congreso en la que el Grupo Socialista se interesa por el SIVE de Conil, preguntando al flamante ministro “cuánto tiempo lleva sin funcionar y qué previsiones maneja el Gobierno respecto a su entrada en funcionamiento”. En la misma iniciativa, se pide explicaciones al Ejecutivo sobre la necesidad de intensificar acciones y coordinar instrumentos para investigar las conexiones entre el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y las operaciones mafiosas que operan en el Estrecho. Los socialistas requieren en el mismo texto que el Gobierno dote de medios y recursos personales a la Fiscalía antidrogas del Campo de Gibraltar y a los juzgados de instrucción, así como plantea al Ministerio que estudie la posibilidad de aprobar algún Plan específico para luchar contra el tráfico de drogas en todas sus dimensiones en la provincia de Cádiz.
“LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ESTÁ HACIENDO AGUAS”
Campo ha criticado que el Gobierno de Rajoy presuma de la bajada en un 25% de los delitos de tráfico de drogas en la provincia ya que, por un lado, no suelen ser delitos denunciables, y por otro lado, una mayor eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tendría como resultado un incremento de esas cifras.
“Lamentablemente, la situación de precariedad de la Policía denunciada por el SUP -que a veces no puede patrullar por falta de coches o por falta de agentes- hace que la lucha contra la criminalidad esté haciendo aguas. Y de ahí esa bajada en las cifras que debería sonrojar”, ha interpretado este socialista para advertir que “tampoco casa esa bajada de cifras con el aumento de cocaína y heroína que está repuntando”.
En último término, se ha referido también a la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) de Algeciras y Tarifa, “donde se constata que están fallando muchas cosas y no podemos permitirnos en una sociedad del siglo XXI que ciudadanos que no han cometido ningún delito alguno, puedan estar hacinados y en un limbo jurídico que rompe el concepto de seguridad”.
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