El PP gaditano va a solicitar un plan de acción para que la Junta elimine los techos de amianto que todavía existen en centros educativos de la provincia. La existencia de colegios con este peligroso material es una denuncia sindical de hace tiempo que ha vuelto a salir a la opinión pública. La derecha anuncia una batería de iniciativas para que se dé solución a este tema y no caiga en el olvido.
El PP gaditano va a solicitar un plan de acción para que la Junta de Andalucía elimine los techos de amianto que todavía existen en centros educativos de la provincia.
La existencia de colegios con este material –hace unos días el mediático programa ‘Salvados’ de La Sexta abordaba el asunto del amianto como rentable negocio muy peligroso- es una denuncia sindical de hace tiempo que ha vuelto a salir a la opinión pública a través de Ustea y CGT. En el caso concreto de CGT, ha alertado ante Inspección de Trabajo de la presencia de amianto en el colegio privado San Felipe Neri de Cádiz, el Reggio de Puerto Real, el Luis Ponce de León y el Pedro Antonio de Alarcón de Rota y en el Lomopardo y el San Juan de Dios de Jerez.
Según un estudio del experto Francisco Puche y de la Plataforma Málaga Amianto Cero, la cifra podría ascender a 239 centros educativos andaluces con amianto instalado, un material peligroso y que está prohibido en España desde 2002.
El secretario general del PP de Cádiz y diputado andaluz, Antonio Saldaña, ha anunciado una batería de iniciativas al respecto en el Parlamento “para que se dé solución y no caiga en el olvido con un planteamiento serio, meditado y planificado”. En este sentido, ya se ha presentado una pregunta escrita para que la consejería de Educación identifique los colegios e institutos gaditanos que aún tienen instalaciones con materiales compuestos de amianto o fibrocemento, así como la elaboración de un inventario de edificios propiedad de la Junta con este material y un plan de retirada de los mismos.
Del mismo modo, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, se preguntará por el coste de la retirada de las instalaciones de amianto y su depósito en un vertedero con el objetivo de plantear una planificación ejecutiva y presupuestaria; se solicitará visita a los colegios y se cerrará reuniones con las Ampas para tratar las iniciativas y su desarrollo.
La derecha también pedirá la comparecencia de la consejera de Educación en Comisión para que explique por qué se dan estas circunstancias en los colegios gaditanos y qué actuaciones va a llevar a cabo la consejería para su sustitución, así como la presentación de una proposición no de ley (PNL) en comisión para que los grupos políticos adopten el acuerdo de que se sustituyan las instalaciones de fibrocemento y en la que se incluya inventario de edificios e instalaciones, plan de gestión de retirada y fondo de compensación, con el objetivo de que se incluyan en los presupuestos autonómicos la partida necesaria para las labores de desamiantado de los centros educativos.
Este plan de acción se une a las iniciativas de control en materia educativa que ha presentado el PP de Cádiz en cuanto a la oferta de Formación Profesional en la provincia, las convocatorias de becas, la eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de nuevos equipamientos.
PROHIBIDO DESDE HACE 14 AÑOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que “la exposición ocupacional a todos los tipos de amianto se ha traducido en una alta incidencia de cáncer de pulmón entre otros”.
El Parlamento Europeo lo declaró en 1978 elemento cancerígeno laboral. España desoyó en 1984 las peticiones de los médicos para que se prohibiera su utilización industrial tras detectar numerosos casos de cáncer en la década de los setenta. La prohibición no llegó hasta 2002.
Desde CGT recuerdan que “estamos expuestos a respirar amianto cuando estamos en edificios o instalaciones en que este está instalado al irse deteriorando el mismo con el paso del tiempo o la acción de las inclemencias meteorológicas como el viento, la lluvia etc.” Recomienda “no tocarlo, no cortarlo, no hacer orificios con taladros de ningún tipo, no tratar de quitarlo por sí mismo y menos depositarlo en algún vertedero no controlado, pues puede constituir delito. Es decir, hay que impedir que se desprendan fibrillas al medio ambiente”.
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