El pleno de diciembre de la Diputación, entre sus asuntos, siempre mirando a la Junta, ha aprobado apoyar a los agentes medioambientales y reclamar que se garantice la atención sanitaria con medios propios públicos. Además, AxSí quiere que se estudie la viabilidad de que el TramBahía continúe hasta Barbate, conectando además a Conil y Vejer.
La Diputación de Cádiz ha celebrado su el último pleno del año, el de diciembre, con una protesta de los bomberos a las puertas, denunciando la “falta de personal”. Una sesión breve que comenzaba con un minuto de silencio como muestra de pesar por el reciente fallecimiento de Manuel Tovar, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Grazalema y delegado de Alcaldía de Benamahoma.
Entre las propuestas abordadas, ha salido adelante la moción de Axí para solicitar a la Junta de Andalucía la realización de un estudio de viabilidad para la ampliación del trazado del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz (recientemente inaugurado con años de demora, enlazando Chiclana y la capital atravesando el centro de San Fernando) hasta Barbate, conectando además los municipios de Conil y Vejer.
El diputado andalucista y alcalde barbateño, Miguel Molina, ha defendido “el evidente progreso” que supondría para estos tres municipios “y la necesidad de dotación de infraestructuras que presenta la zona”. En este punto, el PP ha propuesto una enmienda in voce para solicitar a la administración autonómica un “estudio de movilidad”, aunque fue rechazada por el grupo proponente.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la iniciativa ha salido adelante sin apenas debate, con la abstención de los populares, y los votos a favor del resto de grupos políticos presentes en la Corporación.
DEFENSA DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y DE LA SANIDAD PÚBLICA
Además, en cuanto a los asuntos del día, destaca la unanimidad en la petición de “apoyo sin fisuras” a los agentes medioambientales de la provincia, tal y como ha reclamado el diputado socialista Javier Pizarro en la defensa de esta propuesta de su partido. La iniciativa ha llegado al pleno a raíz de la agresión sufrida por dos agentes en Benamahoma a finales de noviembre, pero también ha servido para pedir “más dignidad, medios técnicos y humanos” para este colectivo, instando “al Gobierno de la Junta a que elabore una Oferta de Empleo Público con un número de efectivos suficientes para cubrir las pérdidas sufridas en la plantilla”, así como “la dotación inmediata de materiales de comunicación y protección para ejercer su labor de forma digna y segura”.
También se ha aprobado por mayoría la propuesta de IU en la que se insta, también a la Junta, a redefinir la planificación establecida en el sistema sanitario andaluz, de modo que se optimicen los recursos y se garantice la plena utilización del personal y los equipamientos del sistema público. Reducir las listas de espera y los tiempos de demora estimados, garantizar la continuidad de los 12.000 profesionales “que terminan el contrato en diciembre” (los llamados refuerzo Covid), y “establecer incentivos profesionales para el personal médico que trabaja en exclusiva para el SAS” son otros de los objetivos de esta iniciativa. En este punto, el portavoz del PP, Juan José Ortiz, no ha dudado en defender la gestión de ‘su’ gobierno andaluz de derechas, repitiendo el argumentario habitual: que ahora “hay más presupuesto, más profesionales, mejores condiciones laborales y más infraestructuras”. Sin embargo, para la portavoz del PSOE, Ana Carrera, “la realidad es que en los últimos cuatro años la Junta ha tenido en un abandono absoluto a los servicios públicos”.
Entre las proposiciones que se han descartado en esta sesión plenaria de diciembre, está la petición de Adelante Cádiz rechazando la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras, que “será el más grande de todo el Estado y uno de los mayores de la UE, y que costará 26,7 euros millones de euros”; “es vergonzoso que se gasten ese dinero en vulnerar los derechos humanos. Es intolerable que esta sea nuestra política migratoria”, se ha lamentado. O la exigencia del PP de que se inste desde la Diputación a la revisión de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, la conocida como ley del sí es sí.
OTROS ASUNTOS
En este pleno casi de trámite, la Corporación sí ha aprobado por unanimidad el Plan Provincial del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, en el que se recogen las diferentes acciones a llevar a cabo el próximo ejercicio en los ámbitos de bienestar social, deportes, cultura y publicaciones, con especial incidencia en las localidades que tienen menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas.
Además, también se ha dado luz verde a la puesta en marcha de la línea de gasto del proyecto Guadalinfo. Implica la ampliación de los convenios, la dotación de presupuesto con 198.000 euros para ayuntamientos y 69.000 para ELAs así como la autorización para la firma de los respectivos convenios que posibilitan su desarrollo.
CUATRO PRÉSTAMOS PARA ASEGURAR LIQUIDEZ DE LOS AYUNTAMIENTOS
Por otro lado, entre los asuntos dispositivos, se ha confirmado que, como cada año, la institución provincial concertará diferentes préstamos para distribuir a las entidades que encomiendan su gestión tributaria al Servicio Provincial de Recaudación.
En concreto son cuatro pólizas de crédito, por un importe global de 65 millones de euros, a repartir entre los ayuntamientos de la provincia que trabajan con este Servicio Provincial de Recaudación (la mayoría). Se han aceptado las ofertas y condiciones presentadas por Cajamar (con la que se concertará una póliza de 35 millones), Caixabank (15 millones), Unicaja (10 millones) y Cajasur (5 millones).
Las transferencias que se lleven a cabo, tras obtener este fondo, son anticipos basados en las estimaciones de recaudación de 2023 (se calcua que se pueden recaudar 230 millones a través del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas). Los ayuntamientos para solventar sus obligaciones económicas no pueden esperar a las fechas de liquidación de sus respectivos impuestos; por esta razón la Diputación alcanza estos créditos por adelantado –sin coste para las arcas municipales- y propicia liquidez inmediata y regular durante todo el año.
