Los alcaldes (o algún concejal representante) de los 45 municipios de la provincia de Cádiz y los presidentes de sus 10 entidades locales autónomas (ELAs), sin partidismos que valgan ni distinción de siglas políticas y convocados por la Diputación, se han concentrado este martes en la capital, con el emblemático monumento a las Cortes de 1812 de forillo, para lanzar un grito de desesperación en defensa de sus competencias, de su independencia y de su auténtica naturaleza como lo que son: “una parte esencial del Estado”.
Un paso por delante de los regidores (entre ellos, los siete de la Bahía, salvo la jerezana Mamen Sánchez, representada por su teniente de alcalde Francisco Camas; José María González ‘Kichi’, de Cádiz; Patricia Cavada, de San Fernando; Germán Beardo, de El Puerto; José María Román, de Chiclana; Elena Amaya, de Puerto Real; y Javier Ruiz Arana, de Rota), la presidenta de la institución provincial, Irene García, ha leído un manifiesto suscrito por todos los ayuntamientos gaditanos en defensa del municipalismo todavía más maltratado, si cabe, en estos tiempos de pandemia del coronavirus, con exigencias tanto al Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos como a la Junta de Andalucía con cogobierno de PP-Cs y el aliento de la extrema derecha. “Hoy vivimos una jornada nunca antes vista”, subrayaba la socialista al comenzar su intervención.
En una difícil lucha contra los efectos del Covid-19 y la crisis socio-económica consecuente, “el poder municipal de la provincia de Cádiz reclama liberarse de tutelas y ser considerado como el ámbito de la administración más eficaz y eficiente en la gestión de los recursos públicos, la que de forma más directa viene dando respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y la que padece una brecha de desigualdad a la hora de asumir competencias que deben soportar por la vía de los hechos ante la angustia de miles de familias sin poder contar con los recursos económicos necesarios para poder desempeñarlas”, ha incidido García.
La presidenta de la Diputación ha aplaudido la presencia de todos los alcaldes gaditanos unidos por encima de las discrepancias políticas: “nos une algo muchísimo más fuerte, como es la defensa de los intereses de nuestras instituciones, lo que es tanto como decir de nuestros vecinos”.
La organización de este simbólico acto reivindicativo se cocinaba hace apenas unos días, tras las reuniones que mantuvo la propia García con los ayuntamientos y entidades locales autónomas en sendos consejos de alcaldías, en los que no se planteó objeción para la celebración del mismo.
“SOLEDAD Y ABANDONO”
El manifiesto evidencia que la pandemia que estallaba hace precisamente un año “ha sumido a nuestro país y al conjunto del mundo en una crisis sin precedentes”. No obstante, en el caso concreto de Cádiz “arroja una situación incluso más preocupante, porque esta crisis sobrevenida ha incidido sobre problemas estructurales que ya venían provocando que esta tierra soportase unas inasumibles tasas de desempleo”. En consecuencia, “nuestro estado de claro desequilibrio respecto a otras zonas no ha hecho sino acentuarse”.
Ante esta situación, los alcaldes de todos los municipios gaditanos, los grandes y pequeños, y la presidenta de la Diputación “queremos realizar una defensa del poder municipal y del papel del municipalismo como lo que es: una parte del Estado y la administración más cercana a la ciudadanía”. Más allá de divergencias y de colores políticos, “hoy enarbolamos la bandera que nos une por encima de todo: la bandera del municipalismo, la bandera de la defensa de los intereses de nuestra ciudadanía”.
En este contexto, el municipalismo gaditano coincide en que a lo largo de los meses durante los que se viene prolongando la crisis sanitaria y sus efectos socio-económicos, “los ayuntamientos estamos asumiendo una serie de competencias, servicios y gastos sobre los que, en la mayoría de los casos, carecemos tanto de cobertura legal como de dotación económica”. “A esa soledad y abandono a los que estamos sometidos desde un punto de vista económico y competencial hay que añadir otra circunstancia no menos preocupante, como es la fundada sensación de no contar a la hora de la toma de decisiones, cuando no ya directamente la de carecer de acceso a información básica que nos permita cumplir aquellas obligaciones impuestas por la situación de pandemia”, se añade.
“REIVINDICACIONES JUSTAS Y LEGÍTIMAS”
A partir de aquí, llegan las “reivindicaciones justas y legítimas” tanto al Gobierno andaluz como al Gobierno central. Así, por un lado los ayuntamientos gaditanos reclaman a la Junta, dentro de sus competencias, “impulsar de manera inmediata instrumentos extraordinarios de generación de empleo, con el doble objetivo de paliar los efectos de la pandemia en nuestro mercado laboral y de propiciar una disminución de la brecha de desigualdad que ya padecíamos antes del inicio de esta crisis”.
Del mismo modo, se demanda: “recibir la información necesaria, en tiempo y forma, para el ejercicio de nuestras responsabilidades institucionales en materia de prevención y combate de la pandemia”; “percibir la financiación suficiente para poder sostener aquellos servicios y políticas que, por la vía de los hechos y ante una situación de auténtica angustia, nos hemos visto obligadas a asumir para no abandonar al más completo desamparo a nuestros vecinos”; y “contar con la seguridad jurídica y con la dotación económica suficiente para poder aprobar y desarrollar mecanismos de ayuda que escapan a nuestras competencias legales dirigidos a necesidades sociales y a sectores económicos especialmente afectados por la pandemia –como los autónomos, el pequeño comercio y la hostelería-, que se están viendo condenados a soportar sin respaldo alguno los rigores de la crisis”.
El manifiesto remitido a DIARIO Bahía de Cádiz también reclama al Gobierno de la Nación, paralelamente: “la activación de mecanismos extraordinarios de auxilio que nos permitan atender aquellas necesidades financieras que puedan derivarse de necesidades sobrevenidas y ante las que carecemos de mecanismos de respuesta”; “la toma en consideración de nuestra solicitud para que podamos ser receptores y gestores directos de aquellos recursos económicos que se dirijan a dar respuesta a las necesidades extraordinarias en el ámbito territorial de nuestra competencia, de forma que nos liberemos de toda intermediación o tutela”: y “la posibilidad de optar a la gestión directa de aquellos mecanismos financieros procedentes de los fondos Next Generation, impulsados por la Unión Europea para la recuperación europea, de los que podamos ser beneficiarias”.
