El Ministerio de Función Pública “debe” a empleados públicos de la provincia de Cádiz unos 51 millones de euros por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025. Es el cálculo que hace CSIF, que junto a UGT y CCOO va a iniciar movilizaciones para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez “que reaccione y se siente a negociar”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga califica de “lamentable e injusta” la pérdida de poder adquisitivo que sufre los funcionarios por “la actitud cicatera” del Gobierno central de PSOE y Sumar que mantiene estancada la negociación con los representantes sindicales.
“No es de recibo que el ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público lleve acumulada una pérdida de poder de compra del 6% desde 2022”, afirma Amézaga en referencia al “mal acuerdo” firmado por entonces entre el Ejecutivo y “otras” organizaciones sindicales para los años 2022, 2023 y 2024. Pero si el cálculo se remonta a los recortes de 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, “la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20%”.
Por este motivo, junto a UGT y CCOO, CSIF anuncia que se movilizará el próximo 30 de octubre ante la Subdelegación del Gobierno de Cádiz para exigir al Gobierno “que reaccione y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido”.
Esta protesta, que se desarrollará bajo el lema ‘Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos’, se reproducirá en todas las provincias del Estado y marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con “una gran movilización” en noviembre en Madrid y que podría acabar en una huelga nacional en diciembre si el Ministerio de Función Pública “persiste en el bloqueo de la negociación colectiva”.
TAMBIÉN HAY DESACUERDO CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA
En paralelo, CSIF ha mostrado su total rechazo a la negativa del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla a la firma del preacuerdo por la mejora del empleo público en la Junta y unos servicios de calidad que redunden en la ciudadanía.
“La actitud de la Administración andaluza es inaceptable y requiere de un calendario contundente y específico de actuaciones para mostrar nuestro desacuerdo, que anunciaremos en los próximos días”, ha apuntado por su lado el presidente autonómico de CSIF, Germán Girela.
Al respecto, este sindicato considera que el día 30 de octubre no es el adecuado para iniciar estas actuaciones dirigidas a la Junta por coincidir en el tiempo con las movilizaciones ya convocadas frente al Gobierno de España, ya que se diluye la fuerza de ambas reivindicaciones.
