El 1 de julio ha entrado en vigor en España la obligación de recogida separada de los biorresiduos, pero es evidente el “incumplimiento generalizado” por parte de los ayuntamientos gaditanos. Ecologistas en Acción emplaza a las administraciones locales “a asumir con presteza estas obligaciones”.
A raíz de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, desde este mes de julio las entidades locales de más de 5.000 habitantes están obligadas a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos), bien mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario (el contenedor marrón).
Sin embargo, Ecologistas en Acción deja constancia de que a excepción de los municipios de la Sierra de Cádiz, comprometidos en el proyecto de economía circular (con fondos europeos de la ITI) y “donde ya están obteniendo un compost de excelente calidad”, el incumplimiento de esta obligación legal “es generalizado en toda la provincia gaditana”.
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, Ecologistas reconoce ser consciente del “desafío enorme” que suponen estos compromisos para los ayuntamientos, “con limitaciones en medios técnicos y recursos humanos”, pero insiste en que “asumir estos retos es inaplazable, porque su incumplimiento acarreará una subida insoportable de los costes de gestión y, por ende, de los recibos a pagar por la ciudadanía”.
De este modo, se emplaza a las administraciones locales gaditanas “a asumir con presteza estas obligaciones legales, con programas ambiciosos de concienciación para la ciudadanía y revisiones en profundidad de todos los factores implicados en la gestión municipal de los residuos”. De no actuar con prontitud, “las sanciones económicas, el encarecimiento de la prestación del servicio, el pago del impuesto por vertido y el colapso en las plantas de tratamiento mecánico biológico, es el nefasto horizonte que sobrevendrá”, se alerta.
EN LA BAHÍA, A LA ESPERA DE FONDOS EUROPEOS
En el ámbito de la Bahía de Cádiz se conocen los pasos que van dando algunos de sus siete ayuntamientos. El de Puerto Real anunciaba a finales de junio que iba a iniciar la implantación poco a poco y por zonas, de este contenedor marrón, comenzando por la colocación de “cuatro” de ellos en la urbanización Marina de la Bahía. Se ha solicitado a las líneas de fondos europeos Next Generation abiertas para ello una subvención de casi 239.000 euros. La empresa pública GEN se ha marcado como objetivo la recogida separada de biorresiduos a pleno rendimiento en 2023, siempre que se logre dicha ayuda.
También está pendiente de estos fondos de la UE el Ayuntamiento de la capital. Calcula que comenzar a implantar en la ciudad el quinto contenedor de residuos supondrá unos 227.000 euros, y a través del área de Medio Ambiente concurre a dicha convocatoria para la puesta en marcha inicial del sistema de recogida selectiva de la materia orgánica sólo en el casco histórico, con una población estimada de menos de 35.000 personas, con un sistema puerta a puerta como el que ya existe para la fracción de restos.
E igualmente, el Ayuntamiento de San Fernando ha solicitado a las líneas de fondos europeos abiertas para ello una subvención de más de 427.000 euros para la instalación del contenedor de color marrón. En total, este proyecto si sale adelante contaría con una inversión de unos 638.000 euros. La idea es que cuando se logre cubrir al cien por cien las calles con ese nuevo contenedor, se digitalizaría el proceso con la entrega a las familias de una tarjeta para abrir los mismos, que permita controlar el reciclaje y ofrecer recompensas.
Mientras, el Consistorio jerezano ha solicitado una subvención de un millón de euros a esta convocatoria de fondos Next Generation con objeto de poder comprar unos 1.800 contenedores de color marrón.
OTROS INCUMPLIMIENTOS
Con todo, Ecologistas en Acción también repasa otros incumplimientos de los ayuntamientos gaditanos. Por ejemplo, tampoco están haciendo frente a la obligación, contenida también en esa nueva Ley, de disponer de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los residuos, tasa que debe tender hacia el pago por generación. “Ello implica la elaboración de nuevas ordenanzas fiscales, en las que la tasa cubra todos los costes de la gestión correcta de los residuos”, se detalla.
Al no hacer frente a este compromiso, “inevitablemente la tasa de basura se incrementará, al tener que pagar el nuevo impuesto por vertido, 40 euros la tonelada, de los residuos que no hayan sido objeto de valorización”.
Las carencias de los municipios se extienden “a las ordenanzas actualizadas de gestión de residuos, mayoritariamente obsoletas, y a no contar con programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población superior a 5.000 habitantes. Y adaptar todos los contratos de prestación de servicios a esta nueva normativa”.
Además, avisa este colectivo, las administraciones locales “tienen que fijar un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas, aparte de los biorresiduos”: textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Llevar los residuos sin tratamiento previo a su depósito en vertedero “queda completamente prohibido”.
“Y deben renegociar sin demora los convenios leoninos con Ecoembes, asumiendo esta ‘sociedad sin ánimo de lucro’ el coste de recogida de los envases de la fracción resto y de la recogida viaria, a cargo injustamente hasta ahora de los ayuntamientos, en base al principio de la responsabilidad ampliada del productor”, entienden desde Ecologistas.
También deben elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada en el plazo de un año.
Para rematar esta “situación calamitosa”, sentencian desde Ecologistas, las sanciones de la Unión Europea se sumarán a los costes de gestión: “al no alcanzar el 50% de recuperación de los residuos que exige Bruselas desde 2020 y, de no aplicar con rigor estas obligaciones legales, no conseguiremos tampoco en 2025 la preparación para la reutilización y el reciclado del 55% en peso, ni del 60% en 2030, como nos exige la Ley”.
