CSIF, CCOO y UGT se han concentrado este martes en Cádiz ante la Subdelegación del Gobierno para mostrar su rechazo a la petición por parte del Gobierno central del PP de la suspensión cautelar de la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la administración pública andaluza. Esta nueva protesta se encuadra en las medidas de presión acordadas por estos tres sindicatos a nivel autonómico.
Estos sindicatos se movilizan ante el “enésimo ataque” del Gobierno de Rajoy a los empleados públicos andaluces. Ante el anuncio de la interposición de un recurso al Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 5/2016 de la Junta de Andalucía que restituyó la jornada laboral de 35 horas semanales a todos los empleados públicos de la región, CCOO, UGT y CSIF llaman a salir a la calle a protestar “por la recuperación de nuestros derechos”.
“Desde el inicio de la crisis, las empleadas y empleados públicos andaluces han sido los más recortados de todo el país, tanto por el Gobierno autonómico como por el Ejecutivo central, y vieron en el acuerdo que estos tres sindicatos firmamos con la presidenta Susana Díaz para restituir el derecho, suprimido por el RDL 20/2011 del propio Rajoy, un alivio para su jornada laboral, aumentada además, en carga de trabajo por los recortes y por el grave déficit de personal que sufre la Función Pública andaluza”, recuerdan desde CCOO.
Y se añade que “gracias a la disposición, a la dedicación y a la profesionalidad de las empleados públicos, los servicios públicos esenciales no han vivido un colapso durante estos años a pesar de los recortes”. Por todo ello, el recurso de la derecha sobre la jornada de 35 horas “ha creado malestar, indignación e incertidumbre en unos trabajadores desmotivados desde hace años por su propia patronal, maltratados en lo económico y recortados en lo sociolaboral”.
La jornada de 35 horas, recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de CCOO Cádiz, “no sólo supone un derecho adquirido hace años por los empleados públicos, sino que ha provocado además la creación de una horquilla de 7.000 a 10.000 puestos de trabajo públicos en la comunidad más dañada por el desempleo”. La eliminación de esta jornada, se añade, “provocará el aumento del paro en Andalucía y la sobrecarga asistencial en los servicios públicos esenciales, ya de por sí sobrecargados por falta de personal en los últimos años”. En paralelo, “la recuperación que desde diferentes ámbitos intentan vender, sufrirá un nuevo parón con este recurso, dado que el consumo volverá a disminuir por dicha medida”.
“No se puede permanecer impávidos ante lo que entendemos que es un nuevo ataque a los derechos de los empleados públicos y mantendremos las movilizaciones y la unidad sindical hasta que el Gobierno central recapacite y retire el recurso contra la jornada de 35 horas”, se subraya; y es que “no sólo están en juego los derechos de los empleados públicos andaluces, también lo está la economía, la creación de empleo y la sostenibilidad de los servicios públicos”.
