Al poco de estallar la pandemia del Covid-19 en España, y una vez activado el sistema de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) como medida de protección social ante la incidencia en el mercado laboral de la crisis sanitaria y de las diferentes restricciones para controlarla, llegaron a contabilizarse en la provincia de Cádiz en un mismo mes, el de mayo de 2020, más de 75.000 trabajadores protegidos por expedientes ERTE. Dos años después, en mayo de este 2022, quedan en esta situación apenas 258 gaditanos, la cifra más baja en el histórico (que ha supuesto un gasto mensual de unos 13.800 euros, lo que supone una irrisoria cantidad de unos 53 euros de media por beneficiario).
De abril de 2020 a mayo de 2022 hasta 87.476 personas distintas en Cádiz han estado acogidas a ERTEs solicitados por sus empresas (cerradas o sin actividad por la pandemia). En este periodo, el Estado ha aportado a estos trabajadores suspendidos (no han llegado a aparecer en las estadísticas como parados) más de 287,7 millones en nóminas para sustentar sus economías.
Además, el pasado mes de mayo en la provincia se han desembolsado cerca de 37,9 millones de euros entre todas las prestaciones del sistema SEPE (ERTEs, desempleo, etc.), entre 78.107 personas. Hace dos años, se llegaba a 180.213 gaditanos, con una aportación mensual de casi 109 millones, según los datos difundidos por la Subdelegación del Gobierno en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Con los datos de último mayo sobre las prestaciones del sistema SEPE en Cádiz (incluyendo ERTEs), se eleva a más de 1.475 millones el “esfuerzo” que dice haber hecho “el Gobierno de España” desde el inicio de la pandemia del coronavirus.
EL IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL
Por otro lado, desde Subdelegación se vuelve a poner en valor la reforma laboral consensuada con patronal y CCOO y UGT, que ha propiciado un importante incremento en el número de contratos indefinidos registrados en la provincia desde el principio de año, siendo más reseñables en los meses de marzo, abril y mayo.
El total de contratos indefinidos acumulado en 2022 asciende a 57.836 (sobresaliendo los firmados en el sector servicios, seguido a distancia por los relacionados con el sector de la construcción), frente a los 13.088 del pasado año.
El Real Decreto-ley de reforma del mercado de trabajo se publicó en el BOE del 30 de diciembre de 2021 y entró en vigor el 31 de diciembre. Tras su posterior aprobación en el Congreso (a lo justo), la reforma de la dañina reforma del PP (que no derogación, pese a que fue lo prometido por los socios en el Gobierno central, PSOE y Unidas Podemos) entró en vigor el 31 de marzo, un plazo de tres meses que tenían las empresas para adaptarse a la nueva normativa.
