La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Gürtel que vuelva a investigar a María José García Pelayo, exalcaldesa de Jerez y diputada del PP por Cádiz en el Congreso de los Diputados, al contar con nuevos indicios sobre su supuesta implicación en la pieza relativa al Ayuntamiento jerezano, en su momento gobernando por la derecha. Se basa para ello en un escrito de Isabel Jordán, exadministradora de varias empresas de la trama.
Ante esta información, García Pelayo ya ha avanzado que presentará una querella contra Jordán por las “declaraciones calumniosas” vertidas contra ella y que han provocado esta petición de la fiscalía de reapertura de la causa seguida, y archivada en su día, contra la política gaditana.
La diputada popular sostiene en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “estamos ante una maniobra procesal de Isabel Jordán para intentar reducir su condena. Sus declaraciones no se hallan corroboradas por ninguna otra prueba ni objetiva ni subjetiva”.
Del mismo modo, desmiente “de forma rotunda y categórica” haber participado en ninguna reunión con las personas que señala Jordán “ni en Serrano, 40 ni en ningún otro lugar”. Personas que, “como ellos mismos reconocieron, ni conozco ni he conocido”.
Asimismo, en ninguno de los documentos aportados en el juicio por Isabel Jordán “aparece ni el nombre ni la firma de María José García-Pelayo”, subrayan desde el PP.
“Sorprende –sentencia fuentes del partido en la provincia- que la noticia aparecida omita que el juez De la Mata, del Juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha desestimado la petición de reapertura de la fiscalía”; y “sorprende igualmente que los fiscales, pese a que no se hallaban sometidos a plazo perentorio alguno, formulen su petición apenas unas horas después de presentar Jordán su escrito, sin realizar ninguna diligencia comprobatoria, sin cerciorarse de su veracidad y pese a hallarse el país en plena campaña electoral”.
Por último, el PP gaditano apostilla que esta causa ya fue archivada por el Tribunal Supremo “al no encontrarse relación ni implicación alguna de García Pelayo en la misma”.
Fue precisamente hace tres años cuando el Supremo archivaba esta causa contra la exalcaldesa de Jerez por “falta de indicios de responsabilidad penal”. García-Pelayo estaba imputada por prevaricación administrativa y falsedad en documento público, por los contratos realizados por el Ayuntamiento para Fitur en 2004, en su primer mandato como alcaldesa, con el apoyo del partido de Pedro Pacheco. Dichos contratos, que suman 355.000 euros, se adjudicaron a empresas vinculadas a la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción de España en el que hay numerosos imputados pertenecientes o que han pertenecido al PP. Aquel auto calificaba de “creíble” su testimonio sobre su desconocimiento de “esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles”.
EL PSOE SUGIERE QUE LA POPULAR DEBERÍA ABANDONAR SU ESCAÑO
Mientras, la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ya ha exigido a la dirección provincial del PP que tome alguna decisión al respecto, “pues va a tomar posesión una diputada sobre la que vuelve a caer una amplia sombra de sospecha en torno a su implicación directa en los contratos del stand Fitur que se amañaron con la trama de Correa y compañía”.
Precisamente, por su condición de diputada, el proceso judicial que la Fiscalía ha pedido ahora que se reabra para investigar a García Pelayo ante nuevos indicios sobre su implicación, “se hace más complicado y se alarga en el tiempo”, arguye. “Una situación que podría evitarse abandonando el escaño y apartándose para defenderse de la acusación de Jordán sobre que conocía la adjudicación de los contratos a la red de Correa antes de que se tramitaran los expedientes porque el escaño no debería servir para esconderse de sus responsabilidades como ha hecho hasta ahora”, consideran desde el PSOE gaditano, señalando que “habrá que esperar a la instrucción preliminar que hace el Tribunal Supremo”.
Maese estima que “el giro que ha dado la situación procesal de García Pelayo demuestra que en realidad fue un archivo provisional y ratifica lo que en sus escritos sostenía la fiscalía y es que se trataba de hechos groseros”. Y en la misma línea, lamenta que la exalcaldesa de Jerez acuse a la fiscalía de maniobrar, pues “indica poco respeto a la independencia de los tribunales al pensar que puedan estar actuando al dictado de alguien”.
