El Ayuntamiento de El Puerto multó hace alrededor de un año a Salvador González, un vecino de El Manantial por exigir “unos eficientes servicios públicos” y por desarrollar una campaña de concienciación ciudadana en favor de la recogida selectiva y el reciclaje.
Así, tras la visita de la Policía Local, se le impuso una sanción de 600 euros por no retirar enseres de la vía pública (tenía montada una isleta alternativa de reciclaje, ante las carencias al respecto de la contrata de basuras, en manos de FCC); Ecologistas en Acción llegó a hablar de “represalia política” del equipo de Gobierno de PP y Cs por la campaña reivindicativa.
No obstante, hace unos días se ha conocido que el Juzgado contencioso-administrativo número 3 de Cádiz ha emitido una sentencia firme que anula la multa. Se le achacaba una supuesta infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana (la conocida como Ley Mordaza) y desacato a la Policía Local; pero la jueza estima que nada de eso ha quedado demostrado, y apunta que la protesta de Salvador “no puede entenderse como una infracción de desobediencia de la autoridad, sino como el ejercicio libre del derecho de expresión”. Además, se le condena al Ayuntamiento al pago de las costas.
“LAS FORMAS DE UN GOBIERNO QUE NO ADMITE LA CRÍTICA”
Y a colación, Unión Portuense avanza que presentará una moción al próximo pleno para que el equipo de Gobierno “rinda las debidas explicaciones a Salvador González, y a los portuenses, por la persecución realizada a este ciudadano”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de esta formación de la oposición, Javier Botella, lamenta que el bipartido de Germán Beardo “en lugar de apoyar la iniciativa e intentar solucionar el problema, lo que uso fue la coacción. Tanto Marina Peris como Millán Alegre (concejales de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente, respectivamente) tuvieron la oportunidad de evitarle gastos al ciudadano y evitarse a sí mismos el bochorno de que una jueza en sentencia firme dé la razón al activista, confirmando que los servicios de gestión de reciclaje son deficientes”.
“El Gobierno municipal nunca debió enviar un efectivo policial a todas luces desproporcionado, recordemos que se presentaron cuatro agentes en su casa a las una de la madrugada, para acallar una reivindicación ciudadana, no solo pacifica, sino que, además, meses más tarde, la Justicia ha considerado ajustada a derecho”, reitera Unión Portuense.
Así, Botella considera “inaceptable” que se haya aplicado la Ley Mordaza, que ahora tanto defienden sindicatos de los cuerpos policiales y partidos de derechas. “a un ciudadano que estaba ejerciendo un derecho fundamental como es la protesta pacífica”, máxime, cuando lo hacía “desde un comportamiento ejemplar y colaborativo”.
“Estas son las formas de un Gobierno que no admite la crítica y que cuando ésta se produce, utiliza la represión ante la falta de argumentos para defender su nula gestión”, se sentencia.
