El Ayuntamiento de El Puerto despedía 2021 sacando a licitación la redacción del avance de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras saberse desde octubre de 2019 que el aprobado en 2012 quedaría anulado, y la ciudad volvería a regirse por el documento de 1992, como ocurre ya. Y prácticamente tres meses después se ha adjudicado este trabajo a la única propuesta presentada, la de la UTE Ibermad y Buró 4 Arquitectos, por casi 142.000 euros.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves este contrato, que estipula un plazo de seis meses para la redacción de ese avance, pero se alarga 10 meses al incluir el Documento de Alcance, prorrogable hasta 10 meses más.
“Colmatamos etapas del proceso al que se enfrenta la ciudad para contar cuanto antes con un nuevo Plan General”, presume el alcalde Germán Beardo, quien interpreta que “caminamos en paralelo a los plazos que la Junta de Andalucía ha marcado para tener listo el reglamento para el desarrollo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), de modo que El Puerto se pueda beneficiar de la simplificación y agilización en la tramitación que supone esta ley, con plazos mucho más cortos para su aprobación final”.
Tras el avance -según esa nueva ley andaluza promovida por las derechas- quedará todavía por redactar y tramitación de los nuevos PGOM y POU para El Puerto, que son los planes en los que se desglosa la anterior figura de PGOU. Serán dos planes separados, aunque complementarios, según la nueva LISTA.
“Habrá un marcado seguimiento por parte tanto del servicio de Planeamiento como del propio alcalde para llevar un control efectivo sobre los documentos y conclusiones que el nuevo equipo redactor vaya realizando, ya que este borrador significa avanzar hacia el documento final en un porcentaje alto”, se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Este primer contrato incluye la redacción del avance de planeamiento, su documento inicial estratégico y su documento para consulta previa a las consejerías de la Junta competentes, y la asistencia en la creación del marco participativo necesario. Por tanto, a decir meses atrás por el propio Beardo, “es un auténtico borrador del Plan General que significa el 20% de un PGOU”, que “responda a las necesidades reales de la ciudad y de respuesta y certidumbre a vecinos, inversores, promotores y autónomos”.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretaba en octubre de 2019 la nulidad del Plan General aprobado en 2012 (cuando cogobernaban PP y PA), y como suele ser lo habitual, para “ganar tiempo” se acudía al Tribunal Supremo, que el pasado junio desestimaba el recurso y confirmaba la primera sentencia. De este modo, la ciudad ha pasado a regirse por el PGOU anterior, el de 1992. Y pese a que han pasado más de dos años del primer fallo del TSJA y pocos dudaban de que el Supremo no lo corroboraría, el Gobierno local de PP y Ciudadanos saca pecho de cumplir lo programado.
