CARTA AL DIRECTOR enviada por: Eduardo Corrales Estárico, de El Puerto
Con esta expresión tan simbólica avisaban antiguamente a los viandantes, que les podía caer una rociada de orines u otros líquidos y que, por su bien, lo debían esquivar. Era una medida a lo “el que avisa no es traidor” y eso eximia de responsabilidades.
Tras años de expolio público, patrimonial y económico entre otros, en España era ya habitual la alternancia de partidos en el gobierno; era la aplicación del voto de castigo de los ciudadanos dispuestos al “cambio” a los que lo hacían mal, aún sabiendo que a los que les tocaba la alternancia también lo harían mal.
Existen multitud de tretas en la política para hacer incompetente al gobernante en alternancia o para limitar su acción de gobierno. Algunas de las más efectivas son las de largo recorrido; esas que por lo bajini pasan desapercibidas y con el tiempo estallan. Por ejemplo, en la gestión de un servicio escatimo en el mantenimiento de la maquinaria, de los edificios… y derivo ese dinero a otras políticas que me urgen o me interesan electoralmente; y cuando entra el gobierno en alternancia le condiciono parte de su presupuesto, obligándolos a poner al día esos edificios o maquinaria, aunque ahora le cueste a las arcas de todos más dinero, que si se hubiesen hecho en el momento apropiado. Suscripción de prestamos con carencia y que las letras se paguen en los siguientes años, cuando no me va a tocar gobernar. Contratos a largo plazo en unas condiciones peores que si lo negociasen los alternantes… Un tema extenso y del que nuestra veterana Concejala Silvia Gómez suele hablar en sus intervenciones en el Pleno, por el bien de los portuenses y que, para mi, es razón suficiente para considerarla de gran valor político.
Esta semana nos ha caído en El Puerto un baño de aguas con premio y sin el ¡Agua va!; nos han denegado las banderas azules, que son un reclamo por si mismas y una garantía para touroperadores de todo el mundo. Ni que decir tiene que el Turismo es para El Puerto la principal industria presente y futura; trabajo, riqueza, cultura, desarrollo… nuestro maná del desierto. Y nos las han denegado justificadamente, ya que El Puerto no cumple con la Directiva 91/271/CEE.
El Puerto está dentro de la Zona Sensible de la Bahía de Cádiz, declarada en 1998. La directiva fue publicada en el BOE el 30 de mayo de 1991, estamos hablando hace ¡¡25 años!! Aunque el plazo que se daba para municipios del tamaño de El Puerto era de 31 de diciembre del 2000 y se ha ido prorrogando, la seguimos sin cumplir y ya se acabó lo que se daba. En todo este tiempo se ha desarrollado el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración (1995-2005), también ha tocado a su fin el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, en respuesta a otras nuevas exigencias derivadas de la Directiva Marco del Agua y el Programa Agua y que pretendía el cumplimiento definitivo de la Directiva por la que ahora nos han denegado todas las banderas azules.
No es por la calidad del agua o por un fallo en la depuración, la causa de que hayamos perdido las banderas azueles es porque no se han acometido las inversiones necesarias en nuestro municipio, para cumplir con las exigencias de la Directiva.
A pesar de todos estos esfuerzos institucionales, que aportaban miles de millones de euros para adaptarnos y ayuda técnica, ni por esas hemos cumplido como municipio. Pero como ciudadanos si hemos cumplido, el portuense paga mucho por el abastecimiento de su agua y más aún por el saneamiento. Y además paga un canon autonómico que específicamente va a costear infraestructuras de depuración. Como ciudadano me pregunto ¿dónde ha ido y dónde va nuestro dinero?
Las empresas municipales, además de haber sido un instrumento de contratación, también han servido para que sus trabajadores perciban emolumentos y salarios desproporcionados. Impulsa es la más escandalosa, pero Apemsa le sigue a la zaga. Por ejemplo, 128.000 euros anuales percibía el ex-gerente de Apemsa en edad de jubilación, que diría algo así: para lo que hago y para lo que me pagan, de aquí no me voy ni escaldado; aunque como gerente cobraba algo menos, fue quien proponía las prorrogas de Aqualia. Estos empleados han sido respetados por su trabajo y por sus retribuciones, pero a la vista está que no han cumplido con su deber.
Aqualia también es parte en todo esto. Ha sido una empresa que lleva varios lustros gestionando la depuración en El Puerto y que es el “socio tecnológico” de Apemsa y dueño del 49%. Por lo que sería lógico que se estudiase si existe responsabilidad y si cabe hacer una reclamación por los daños y perjuicios que nuestro municipio va a sufrir por no concedérsele las banderas azules y, si se está en la disposición de rescindir el contrato que llevó a la privatización de Apemsa, por incumplimiento de alguno de sus términos.
Históricamente los ciudadanos hemos pagado todo en Apemsa: la red de abastecimiento, las grandes obras… pero eso no ha significado que poseamos participaciones de la empresa pública; que por justicia nos corresponderían si, como deberían, hubiesen concebido la empresa como una cooperativa y al abonado un cooperativista. DIARIO Bahía de Cádiz
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