Una familia con cuatro menores a su cargo, residente en el casco antiguo de Cádiz, en la calle Javier de Burgos, ha trasladado a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) su increíble situación “en pleno siglo XXI”: desde 2010 vive en un edificio en ruinas con peligro de desprendimientos, entre ratas y cucarachas, “con el consiguiente estado de miedo y ansiedad permanentes”.
Para esta entidad, es urgente que el Ayuntamiento intervenga para poner fin a esta situación de inseguridad e insalubridad que está afectados especialmente a unos niños que han sufrido sarna en los últimos meses, “y que viven a día de hoy aterrorizados por la presencia de las ratas y el miedo al derrumbe, todo ello sin amparo institucional alguno”.
La Apdha ha podido comprobar, a través de informes recientes de la concejalía de Urbanismo, el riesgo de derrumbe e insalubridad de la finca, propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o más conocido como banco malo). El último informe de mediados de mayo señala graves daños en la estructura, pudrición en las vigas, fisuras en los muros y falta de capacidad portante.
“Pese a que han sido varias las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Cádiz ha requerido a la Sareb, como propietaria de la finca, a que acometa obras de mantenimiento para garantizar la seguridad de sus actuales moradores, la sociedad está desatendiendo una y otra vez dichos requerimientos lo que está provocando un empeoramiento en el estado de la edificación y el aumento de los riesgos”, se denuncia en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El último plazo que dio Urbanismo a la sociedad para realizar las obras de emergencia ha expirado hace unos días, sin que hayan actuado ni se hayan comunicado con los vecinos.
SE INSTA AL AYUNTAMIENTO A ACTUAR DE FORMA SUBSIDIARIA
En este punto, la Apdha interpreta que esta entidad con capital público está haciendo de manera deliberada una dejación de sus obligaciones de mantenimiento “para forzar a sus habitantes al desalojo, aun a riesgo de poner en serio peligro la integridad de los mismos”.
Por todo ello, tras la llamada de auxilio de dicha familia, la Asociación Pro Derechos Humanos se ha dirigido a la administración municipal para pedir información sobre el procedimiento a seguir a partir de este momento; y le insta, dentro de su responsabilidad subsidiaria, a acometer las obras que garanticen la seguridad del edificio o, en todo caso, a decretar de inmediato el desalojo y buscar una alternativa habitacional a los afectados.
Igualmente, se solicita que se valore si esta familia puede acogerse a la excepcionalidad que contempla el Registro municipal de la vivienda para las actuaciones que tienen como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas o bien por riesgo de exclusión social con carácter de urgencia.
