El Ayuntamiento de Cádiz ha participado este martes en una nueva reunión telemática junto a otra treintena de todo el Estado español (entre ellos, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Málaga) contrarios al “injusto” modelo de ayudas frente al coronavirus acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y cuyo Real Decreto fue tumbado en el Congreso de los Diputados hace unos días.
En este encuentro virtual han participado además de la capital gaditana, en la persona de su alcalde accidental Demetrio Quirós, los municipios de: Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo De Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz De Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.
Al término del mismo, todas las partes ha consensuado un comunicado bajo el lema ‘Diálogo y soluciones para nuestros vecinos’, incidiendo en el “mal acuerdo” al que llegaron la FEMP y el Ministerio de Hacienda que finalmente no ha sido convalidado en el Congreso.
“La no convalidación -exponen- era evidente cuando alcaldes de 13 formaciones políticas distintas nos hemos puesto de acuerdo en denunciar que ese acuerdo es injusto y vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”. “Ese mal acuerdo vulneraba la autonomía financiera de las entidades locales y establecía una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”. Asimismo, inciden en este nuevo manifiesto en que los criterios acordados para la distribución de esos fondos, unos 5.000 euros, “no eran justos ni solidarios, perjudicaban gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y creaban una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.
Se abre, por tanto, un nuevo escenario y los alcaldes firmantes del documento solicitan “la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio que llevamos semanas reclamando, para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España”.
Estos alcaldes reclaman una nueva negociación basada en “los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP los pasados 2 de abril y 22 de mayo para reclamar al Gobierno que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria”.
Al hilo, apuntan que el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos debe incluir en su nueva propuesta de Real Decreto, “además de la eliminación de la regla de gasto, la aplicación de superávits y la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles, las medidas de ayuda directa que cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos -mayoritariamente repartido por población y con una cantidad que se distribuya atendiendo a criterios especiales como la despoblación, el envejecimiento o la población inmigrante- y otro fondo específico de 1.000 millones para la financiación del transporte municipal”.
Igualmente, consideran indispensable garantizar en ese futuro decreto que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, mantienen que se debe renegociar en el seno del Congreso las medidas que son rechazadas “por una amplísima mayoría”: “reclamamos que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades”; un dinero que hoy día no pueden usar debido a la conocida como Ley Montoro impuesta años atrás por el PP, curiosamente uno de los partidos que hoy día exige poder recurrir a este fondo inmovilizado.
En dicho comunicado se reitera que los ayuntamientos “necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-Covid que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario”. “Sería un despropósito intolerable -añaden- que el Ministerio de Hacienda dejase a los vecinos sin esas ayudas por un absurdo ánimo de revanchismo ante la no convalidación del Real Decreto”.
A colación, según se anota en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde gaditano, Demetrio Quirós, ha recordado que es a los ayuntamientos “a quienes la ciudadanía nos reclama soluciones, somos los que día a día estamos con los problemas de nuestros vecinos”. Así, pone un ejemplo: “mientras la Junta de Andalucía anuncia 8 millones para reforzar la limpieza de los centros escolares privados concertados, somos los ayuntamientos quienes tenemos que hacer frente con nuestros propios fondos a ese incremento imprescindible de la limpieza en los colegios públicos”.
También ha expuesto que, además de una solución a la problemática actual, “demandamos la derogación de la Ley de Sostenibilidad Financiera, la famosa Ley Montoro, y su hermana menor, la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local, verdadero origen de la restricción de la capacidad de autonomía de la administración local y del ejercicio de sus competencias”.
