En paralelo a numerosas concentraciones en todo el Estado español este domingo día 7, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), junto a las Juventudes Libertarias de Cádiz, convocaba a mediodía en la plaza de la Catedral de la capital gaditana un acto “contra el racismo y los abusos policiales”.
Dicha protesta, con más de un centenar de personas reunidas y en la que la organización ha sido estricta para guardar las distancias y medidas de seguridad –en el contexto de crisis sanitaria del coronavirus-, ha tenido por objetivo solidarizarse con los movimientos que están luchando en EEUU contra el racismo, “estructural desde hace siglos en norteamerica”, tras el asesinato de George Floyd en la ciudad de Mineápolis, en Minesota, a cargo de un policía (le sujetó en el suelo durante siete minutos con la rodilla contra el cuello hasta que se ahogó).
Del mismo modo, “y salvando lógicamente las muchas distancias”, la Apdha también ha querido constatar con esta concentración que “en España, la aplicación de la ley mordaza ha permitido numerosos abusos policiales marcados muchos de ellos por actitudes abiertamente racista. No es generalizado, pero suficiente para que salten todas las alarmas del estado de derecho”.
“Hoy aquí queremos denunciar el racismo y el abuso policial, tolerado y fomentado desde las instituciones que cada año se cobra miles de vidas inocentes y de la forma más cruenta. Es por lo que nos solidarizamos con el movimiento de respuesta e indignación que atraviesa todo EEUU al tiempo que exigimos el establecimiento de vías de migración legales y seguras y la derogación de la ley mordaza, una ley que fomenta la arbitrariedad y la falta de garantías de los derechos de las personas”, sentenciaba el manifiesto leído durante la concentración gaditana.
RACISMO INSTITUCIONALIZADO, ALLÍ Y AQUÍ
En dicho texto, recogido por DIARIO Bahía de Cádiz, se incide en que la solidaridad “con la mucha gente que está movilizándose para acabar con la lacra del racismo y la discriminación” que viene de siglos en EEUU. Un racismo que “sigue presente en la sociedad y que es uno de los peores sentimientos y actitudes que podríamos tener los seres humanos. Ese racismo social está muchas veces promovido por el discurso xenófobo de muchos políticos particularmente de la extrema derecha y la derecha extrema. Pero también desde las propias instituciones a través de prácticas que discriminan y discursos que criminalizan y fomentan el odio hacia las personas por el color de su piel o su procedencia”.
Pero con esta protesta también se ha querido poner el acento en que “a veces no hace falta irnos tan lejos para empatizar con aquellas personas a las que se criminaliza y discrimina y que han sido objeto del racismo institucional o la brutalidad y abuso policial”. Y además de casos y nombres concretos de personas de otros países que han muerto en España tras persecuciones policiales, en prisión o al tratar de acceder a nuestras costas en los últimos años, ahí están “las más de 8.000 personas que han perdido la vida en las aguas del Estrecho y el Mediterráneo de nuestra frontera sur, a las que se les ha negado el derecho a la vida al no establecer vías de migración legales y seguras”.
“La oposición de ejercer el derecho universal a migrar de forma legal y segura, las detenciones en espacios no habilitados o superando el tiempo máximo legal, el encierro injusto y en condiciones deplorables en los centros de internamiento de extranjeros, las devoluciones en caliente, las deportaciones masivas, la imposibilidad de regularizar la situación administrativa durante tres años como mínimo que condena a vivir en la clandestinidad derivando en todo tipo de precarización y vulneración de derechos humanos, las identificaciones por perfil racial o las redadas… son formas de ese racismo institucional: una serie de prácticas supuestamente legales, pero ilegítimas que pretenden justificarse con la excusa de la protección a la ciudadanía”, se subraya.
Además, señala dicho manifiesto que la actual crisis del coronavirus “ha acentuado los rasgos autoritarios y preocupantes recortes democráticos en todo el mundo”. En el caso de España, la aplicación masiva de la ley mordaza del PP, “que los actuales gobernantes se comprometieron a derogar”, ha llevado a que durante el confinamiento “se impongan más de un millón de multas y 9.000 detenidos”. Y “a que se produzcan numerosos abusos policiales como bofetadas, patadas en la cabeza, gente a la que tiran de la moto, bloqueos innecesarios en el suelo o uso irregular de la porra policial”.
Un racismo institucionalizado que “está presente también ante la tolerancia de los discursos de odio, basados en datos falsos y la difusión de prejuicios y estereotipos hacia nuestros vecinos que lo único que persiguen es el fomento del odio hacia la diversidad”, se apostilla.
