Alrededor de medio millar de personas se ha sumado a la manifestación convocada este sábado 27-J en Cádiz bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida’, en el contexto de movilizaciones similares que se están desarrollando en las últimas semanas en diversos rincones del Estado español; protesta para reivindicar que la ciudad “debe ser para quienes la habitan y no para quienes especulan con ella”.
La marcha promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz y “construida en los barrios”, ha querido ser altavoz del “hartazgo” de los vecinos “expulsados poco a poco de una ciudad que sienten cada vez más ajena”. Y gritar que la capital “no es un paraíso para la especulación inmobiliaria y el rentismo. Cádiz es nuestra, que se enteren los especuladores y los gobiernos cómplices”, apuntaba una de las portavoces de la organización al inicio.
La manifestación partía a mediodía desde la plaza de San Antonio camino de la plaza de San Juan de Dios, pasando por calles céntricas del casco antiguo y de forma simbólica por El Pópulo, uno de los barrios más afectados por la presión de los pisos turísticos, junto a la Viña. Contando con el apoyo de partidos como Adelante Andalucía, Izquierda Unida o Sumar; sindicatos como CCOO, Ustea y la Coordinadora de Trabajadores del Metal, y numerosas asociaciones y colectivos como Cádiz Resiste, Facua o la Apdha.
Entre las muchas pancartas y consignas elocuentes durante la protesta: ‘Se vende Cádiz sin vecinos’, ‘Fuego al rentista’, ‘Poco okupamo pa lo que ganamo’, ‘Quiero que mi hijo pueda vivir donde nació su madre’, ‘Se alquila balcón para ver cómo echan a mi vecino’, ‘El derecho a la vivienda no se va de vacaciones’ o ‘La solución, expropiación’.
MOTIVOS PARA SALIR A LA CALLE
El fraude del alquiler de temporada, los precios desorbitados de la vivienda, la vivienda pública, los pisos turísticos y las viviendas vacías están detrás de las razones principales de la manifestación, según la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
De este modo, el Sindicato de Inquilinas vuelve a denunciar que los alquileres de temporada “en su mayoría son fraudulentos, ya que los inquilinos aceptan este tipo de alquiler porque no existe otra opción”; y por ello, reivindica que se acabe este fraude de ley y los alquileres sean indefinidos.
Por otra parte, pone el foco en el aumento y los precios “desorbitados” de los alquileres en toda la zona metropolitana y costera de la provincia, “los cuales han subido de media un 60% mientras los salarios solo han crecido un 20%”. En este punto se exige “una bajada drástica del alquiler para que se adapten a la realidad salarial de nuestro territorio”.
De la misma manera, se evidencia “la dejadez y el abandono” por parte de la Junta de Andalucía en sus competencias de vivienda; y se reclama que la vivienda pública “sea universal, de calidad, sin desahucios y accesible”.
Y a todo ello se añade la “vivienda secuestrada en toda la ciudad” que agudiza la gravedad de la situación: “más de 2.370 viviendas están secuestradas con fines turísticos. Además, cerca de 2.500 viviendas se encuentran sin ningún uso y vacías”, se remarca.
“LAS CASAS SON PARA VIVIR”
“La vivienda se ha convertido en el principal problema de miles de familias trabajadoras”, ha insistido a colación de este 27-J desde Adelante Andalucía, que ha recopilado sus propuestas al respecto: el aumento del parque público de vivienda en alquiler accesible, la movilización de las viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible, así como una reforma de la fiscalidad de la vivienda que incremente la carga impositiva sobre los grandes rentistas y sobre las casas desocupadas de forma permanente.
Mientras, Izquierda Unida considera fundamental “plantear otro modelo que tome la vivienda como derecho y no como negocio, y demostrar que hay una ciudadanía que demanda más vivienda pública y límites a la especulación ligada al ladrillo”.
Por su lado, Sumar ha exigido a la Junta que declare la capital gaditana y otros municipios de la provincia como zonas tensionadas, una herramienta que la Ley estatal de Vivienda pone al alcance de las comunidades autónomas y que permitiría poner un tope a los precios del alquiler: “el PP y Moreno Bonilla tienen en su mano la solución y eligen mirar para otro lado». Al tiempo, reclama revertir la sangría de los pisos turísticos y devolverlos a su función social.
También se han sumado a apoyar públicamente esta manifestación, en los últimos días, sindicatos como Ustea Cádiz, que condena “la absoluta inoperancia de las administraciones públicas y sus gobiernos para facilitar y garantizar el derecho a la vivienda y por la absoluta connivencia con los privilegios de rentistas y especuladores”; y CCOO, que exige “soluciones reales y políticas valientes que pongan la vivienda al servicio de las personas y no del beneficio especulativo”.
O asociaciones como Facua, que lamenta que “amplios sectores de la población se ven obligados a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de alquileres o hipotecas, comprometiendo gravemente sus condiciones de vida y su bienestar”; y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que tiene claro que “la vivienda es el problema más importante que tiene la gente de Cádiz y provincia. Las casas son para vivir y no un negocio para especular”.
