Los trabajadores cesados de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz han salido al paso de la confirmación por parte del Gobierno local del PP de que va a contratar ahora a cinco auxiliares –aunque “en sus funciones no cabe la valoración de nuevas ayudas”-, cuando se ha prescindido de 24 empleados en el mismo área, responsabilizando, por supuesto, a la Junta. Este colectivo evidencia que, aunque el Gobierno regional haya disminuido su aportación, el recorte “drástico” durante los últimos cuatro años viene por parte del Gobierno de Rajoy.
Los trabajadores de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz cesados a finales de julio han salido al paso de la confirmación por parte del Gobierno local del PP de que va a contratar ahora a cinco auxiliares, cuando se ha prescindido de 24 empleados en el mismo área, responsabilizando, por supuesto, a la Junta de Andalucía.
“No entendemos que el equipo de Gobierno siga excusando y justificando su nefasta actuación centrándose en exigir y culpar a la Junta cuando no hace falta nada más que saber sumar para conocer los datos, que no son más que la materialización un drástico recorte durante los últimos cuatro años del Plan Concertado por parte del Estado”, también del PP, “y que no contento con eso ha aprobado una ley que pretende fulminar el servicio publico de Servicios Sociales”, denuncia este colectivo.
No obstante, agrega que “que la Junta haya disminuido al mismo tiempo y de forma más leve su aportación al Plan tampoco los exculpa pero desde luego no será a ellos a quienes tengamos que pedir explicaciones porque su aportación se destinara al 100% a personal, siendo el dinero que falta para las contrataciones el que estaba aportando hasta este año el propio Consistorio que de motu propio y sin razón alguna se reduce a cero euros en 2014”.
Según la información recogida en el BOJA por este colectivo, entre 2011 y 2014 ambas administraciones han recortado más de 481.000 euros para este Plan Concertado. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha reducido en este periodo su aportación un 72%, más de 326.000 euros (en 2011 reservaba más de 450.000 euros, y este 2014 no ha llegado a 124.000 euros); mientras la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta ha bajado su aportación un 20%, de 778.000 euros a 624.000 euros.
Para estos extrabajadores, el Ayuntamiento de la capital “puede pero no quiere dar un servicio de calidad al ciudadano contando con el personal necesario, ya que se han ignorado informes emitidos por las jefas de programa exponiendo que es posible asumir el coste total de personal necesario si ellos quisieran”. Pero “es que ni quieren al mismo personal ni tienen en cuenta los criterios de los profesionales algo que viene siendo habitual en los políticos últimamente y sobre todo en este área”, se lamenta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
El colectivo afirma que se confirma lo que les dijo el coordinador general de Asuntos Sociales, que se conforma con lo que desde el Área de Familia le quieren mandar, se ha nombrado a cinco auxiliares administrativos (han sido 12 los puestos perdidos en este grupo), para cubrir unos servicios mínimos hasta final de año, y el Ayuntamiento en su nota comunica que los propios técnicos de Servicios Sociales serán los que estudiaran nuevas incorporaciones. “No entendemos dicha afirmación -se replica- cuando ya existen cuatro informes anteriores de las técnicos responsables indicando que es necesaria la totalidad del personal e incluso la manera de conseguir la financiación para ello”.
Los auxiliares administrativos pueden dar trámite a las ayudas planteadas por los trabajadores sociales “pero en sus funciones no cabe la valoración de nuevas ayudas y el tratamiento a las familias, por lo que no entendemos como no se prioriza igualmente la contratación de estos”, insiste.
“LA POLÍTICA NO SOCIAL DEL PP”
En resumen, para los interinos cesados “se confirma la necesidad de personal un mes después de destruir más de 20 puestos de trabajo; el Ayuntamiento no hace ningún esfuerzo en contratar a nadie ya que estas contrataciones son financiadas con aportación externa; no les importa la calidad en el servicio al no cubrir las necesidades reales del mismo ignorando los informes de los responsables técnicos; y encima no reconocen que el origen del problema está en la política no social de su propio partido”.
“Desde la fecha en que cesamos, el equipo de Gobierno no hace más que acumular una serie de despropósitos y malas praxis que no hacen más que confirmar su nula capacidad para la gestión eficiente de los servicios lo que en el caso de los Asuntos Sociales repercute directamente en los ciudadanos, y a estas alturas por mucho que intenten arreglarlo su propia soberbia política les ha dado con la realidad en las narices”, se sentencia.
