El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a avalar el proceso de remunicipalización de los servicios de playas en Cádiz que aprobó el Ayuntamiento en mayo de 2017, pese a las trabas de la oposición, principalmente de las derechas. Se trata del segundo fallo favorable de esta sala ante los recursos presentados en su momento por la Abogacía General del Estado, cuando el PP todavía controlaba la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, aunque el PSOE (que apoyó este rescate de servicios privatizados) no supo parar. En su momento, el Contencioso Administrativo también dio su visto bueno al proceder del Consistorio.
Al respecto, el alcalde José María González ‘Kichi’ ya ha valorado el nuevo fallo del TSJA del que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. “No sólo defiende la gestión y el proceso que se siguió para municipalizar los servicios, sino que respalda el trabajo realizado por parte del equipo de Gobierno para que en Cádiz no se vuelvan a repetir las imágenes que vimos, con el PP en el Ayuntamiento, de socorristas sin lanchas y de personal en condiciones precarias e inestables, sin seguridad ni derechos laborales”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el primer edil de Adelante ha hecho hincapié en que “hemos demostrado que la municipalización no sólo era legal y cumplía con todos los requisitos, sino que además mejora el servicio y dignifica las condicionales laborales de la plantilla, que era el objetivo de todo este proceso”. Asimismo, ha lamentado que el PSOE “venga ahora a ponerse medallas cuando lo único que hizo fue dilatar el proceso una y otra vez”.
Al hilo, ha criticado que la oposición “no sólo nos ha denunciado penalmente y nos ha impugnado todo lo que ha podido con tal de hacer imposible nuestro gobierno, aunque fuera en contra de los intereses de la ciudad, sino que además ha utilizado de forma partidista las administraciones en las que sus partidos han gobernado y gobiernan”. Y, añade: “no resultó casual que la Abogacía del Estado recurriera la municipalización, me da por pensar que había intereses partidistas. Por suerte la justicia ha puesto a cada uno en su sitio”.
Para hacer efectivo el rescate de los servicios playeros (limpieza de arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras; servicio de asistencia sanitaria y socorrismo; y limpieza y mantenimiento de vestuarios), se optó por que la empresa municipal Cádiz 2000, inicialmente dedicada exclusivamente a la gestión del Palacio de Congresos, asumiera al personal de las playas.
La Abogacía del Estado basó sus recursos en que esta sociedad municipal asumía unos servicios nuevos “sin capacidad para prestarlos”, vulnerando “los límites de la contratación” (al pasar de seis a más de un centenar de trabajadores en plantilla) y sin respetar “los principios de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad”.
