La Junta de Andalucía ha rechazado parte del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Cádiz aprobado en el pleno municipal días antes de las elecciones municipales de mayo (el PP se abstuvo), y que, el anterior equipo de gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ consiguió sacar adelante con el apoyo del 80% de la masa sindical (CCOO, UGT y Autonomía Obrera). Además, será casualidad, el día después de las elecciones, sabiéndose ya que el PP conformaría el nuevo Gobierno local, el principal sindicato de la Policía Local en Cádiz (UPLBA), se adhería también a este acuerdo regulador.
Para la administración autonómica, en manos de la derecha, el problema global que tiene este acuerdo regulador 2022-2025 es que algunos de sus puntos y mejoras laborales amplían las condiciones que las normas estatales y autonómicas establecen para el personal funcionario. Se ha dado al Consistorio gaditano un mes de plazo para anular o adaptar a la legalidad el texto.
En su momento, el anterior alcalde de Adelante Cádiz calificaba de “histórico” el acuerdo, aludiendo a una serie de motivos. En primer lugar, incidía en que “no se había llegado a un acuerdo en 16 años, ya que el anterior tenía vigencia hasta 2010”. Por otro lado, aseveraba que “es un acuerdo para la generalidad del personal funcionarial y afecta por igual a todos”. Y además, sobresalía “el consenso alcanzado”.
EL PSOE PIDE AL ALCALDE QUE CONSENSÚE CON LOS SINDICATOS LAS MODIFICACIONES
El portavoz municipal del PSOE, Óscar Torres, ya ha solicitado al nuevo Ejecutivo de Bruno García que trabaje “con celeridad” para cumplir con los plazos exigidos por la Junta “y en los próximos 30 días adapte a la legalidad las incorrecciones detectadas y se permita, de esta manera, que los empleados municipales empiecen a beneficiarse de las mejoras incorporadas en este acuerdo regulador, en comparación con las condiciones que anteriormente tenían”.
De igual manera, Torres ha insistido en la necesidad urgente de que el equipo de Gobierno y los sindicatos “se sienten y consensúen la subsanación de los errores detectados por parte de la Junta de Andalucía”.
Para los socialistas, que votaron a favor del acuerdo regulador, “la puesta en marcha de este documento es de vital importancia”, y es que “es un acuerdo que expiró en el año 2010 y es un documento que viene a actualizar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, razones de peso por las que no se puede permitir que, tras 13 años de espera, se vuelva a quedar parado”.
Para finalizar, el portavoz socialista ha hecho alusión a la “falta de diálogo” del Gobierno del PP con la oposición en este asunto, “al igual que ya ocurrió hace unas semanas con el informe relativo al estado de la EDUSI”. “Nuestro espíritu siempre será el de la colaboración y el consenso, el de unir fuerzas en aquellos asuntos que son de importancia para la ciudad y sus vecinos”, ha remarcado Torres, “pero para hacerlo realidad el equipo de Gobierno debe cambiar su modus operandi”.
ADELANTE INSTA A “NO CEDER NI UN MILÍMETRO EN LOS DERECHOS PELEADOS, LUCHADOS Y ADQUIRIDOS POR LA PLANTILLA MUNICIPAL”
Mientras, Adelante Izquierda Gaditana, el otro partido de la oposición (en el gobierno cuando se aprobó el acuerdo regulador), ha reclamado “tranquilidad” al nuevo Ejecutivo de derechas en relación a las sugerencias realizadas por la Junta respecto a este “histórico” acuerdo regulador, y se ha ofrecido a trabajar codo a codo con el PP y los sindicatos “para defender y garantizar las notables mejoras que implica el acuerdo”.
Esta formación enmarca las sugerencias y reclamaciones realizadas por la administración andaluza en la “normalidad” del recorrido que siguen este tipo de procesos, y reclama al PP que “no dude ni un solo segundo” en defender los avances conseguidos por el anterior equipo de gobierno para la plantilla municipal.
En este sentido, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal izquierdista Carlos Paradas tiende la mano al Ejecutivo local del PP para trabajar, junto con los sindicatos, en las sugerencias realizadas por la Junta insistiendo en que “todo el acuerdo regulador es perfectamente legal y, como tal, fue aprobado, por lo que el alcalde Bruno García no puede manejar ningún otro horizonte que no sea el mantenimiento y la garantía de las condiciones pactadas y acordadas con la plantilla municipal”.
“Con lo que ha costado el acuerdo regulador, con la generosidad y el compromiso que ha demostrado toda la plantilla municipal para alcanzarlo, sería un golpe bajo que se aprovechara una maniobra de la Junta de Andalucía, que recordemos está gobernada por el mismo partido del alcalde, para cancelar derechos adquiridos y dar pasos atrás en los derechos de los trabajadores municipales”, deja caer Paradas, quien llama a la “calma, al trabajo y a la ambición para no ceder ni un milímetro en los derechos peleados, luchados y adquiridos por la plantilla”.
