La vivienda es un derecho, no un negocio ni un privilegio. A partir de esta sencilla máxima, cientos de personas han salido una vez más a la calle este sábado 9-N en diferentes puntos de Andalucía cada vez más desnaturalizados y condicionados por el turismo masivo e invasivo, para clamar “por una vivienda digna y accesible, y por el derecho a vivir en nuestra tierra”.
Ese grito ya casi desesperado ha resonado fuerte en Sevilla, Málaga, y en Cádiz donde se han movilizado cerca de 2.000 vecinos. En los próximos días hay convocadas otras protestas frente a la problemática de la vivienda en Barcelona, Zaragoza, Burgos, Salamanca, Bilbao e incluso Jerez (en este caso, el 23 de noviembre).
La plataforma Cádiz Resiste ha estado detrás de la convocatoria bajo el lema ‘Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad’ en la capital gaditana, que ha partido sobre el mediodía de la plaza de San Antonio para recorrer parte del centro histórico (pasando por El Palillero, la Catedral y El Pópulo) antes de desembocar en la plaza de San Juan de Dios, donde se han leído varios manifiestos y reivindicaciones.
Los lemas cocinados y escuchados en la protesta hablan por sí solos: “No hay calle pa tanto turista”, “Hay muy poca Caleta para tanta maleta”, “Turista e Idealista, fuera de mi vista”, “Tu inversión, mi explotación”, “Cádiz no se vende, Cádiz se defiende”, “Menos especulación, más solución”, “No es turismo, es neocolonalismo”, “Por culpa de los pijos, me quedo sin un piso”, “O cambiamos el sistema o nos quedamos sin vivienda”, “Vivienda social, sin dejar a nadie atrás”…
Entre los apoyos explícitos en la marcha, los de la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha, que esta misma semana ha vuelto a denunciar cómo la Junta de Andalucía y Ayuntamiento mantienen fincas y solares de su propiedad en el abandono, cuando podrían levantar viviendas públicas), y los de formaciones como el PSOE, Adelante Izquierda Gaditana o Podemos (y sus juventudes de Rebeldía Joven, que señala al negocio de las inmobiliarias “más rentable hoy que nunca, con todo el mundo fingiendo que no pasa nada y llamándolo libre mercado”).
Los motivos que justifican la protesta de este 9-N son los mismos que viene denunciando dicha plataforma ciudadana en los últimos tiempos (ya organizó otra manifestación meses atrás): el efecto que está teniendo la presión turística que sufre la capital gaditana en el auge de los precios de la vivienda (alquiler y venta) y en la cada vez más limitada oferta de pisos.
“Nos encontramos en un momento crítico: actualmente, hay más de 2.400 licencias de viviendas turísticas en la ciudad, mientras que apenas existen 400 ofertas de alquiler residencial en los principales portales inmobiliarios. Este desequilibrio, sumado a los precios históricos de venta y alquiler, está convirtiendo a Cádiz en una ciudad cada vez más inaccesible para sus vecinos”, sostienen los convocantes.
¿REVOCAR LAS LICENCIAS DE PISOS TURÍSTICOS?
Y curiosamente, en la víspera de la marcha, el alcalde Bruno García afirmaba a preguntas de periodistas que su equipo de Gobierno va a “valorar” la propuesta que elevará AIG (y en concreto, Izquierda Unida) al próximo pleno, que reivindica “avanzar” en la estrategia para favorecer el “derecho a vivir aquí” frente a “la pose” de la derecha en el Ayuntamiento.
En concreto, IU exige que se revoquen las licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) que no cumplan con el actual Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), modificado puntualmente en el pasado mandato (para limitar su implantación en la mayor parte de fincas del casco histórico) pese al rechazo de los populares en la oposición; aunque la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía fuese anterior a dicha modificación, se señala en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
A su vez, el PSOE ha alertado también sobre los últimos datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al incremento de pisos turísticos, ahora en la zona de extramuros. Para los socialistas, si el alcalde del PP no hace nada al respecto “es, simplemente, porque sigue sin enterarse del problema; se muestra indeciso y timorato. Incapaz de plantear decisiones que realmente pongan el acento en este aumento de los pisos turísticos”. De este modo, el principal partido de la oposición reclama “paralizar” la concesión de nuevas licencias de VUT en toda la capital, al tiempo que considera que “se está creando una burbuja hotelera en Cádiz por la sencilla razón de que la oferta supera la demanda”.
“ESTE MODELO TURÍSTICO QUE PRECARIZA, EXPLOTA Y EXPULSA A LA VECINDAD ES INACEPTABLE”
Entre las reivindicaciones ya consabidas de Cádiz Resiste se encuentran la activación de una moratoria que frene la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas y hoteles en la ciudad durante el próximo año; la puesta en marcha de una tasa turística (esa que rechaza la Junta de Andalucía del PP, y por lo tanto impide a los ayuntamientos su aplicación) al objeto de financiar “actuaciones pensadas para la gente que vive en la ciudad”; un incremento por parte municipal de la tasa de recogida de residuos y del IBI para las viviendas con fines turísticos y hoteles; así como una “persecución real” de las muchas viviendas con fines turísticos ilegales que existen en la capital.
Esta plataforma nacida hace unos meses ante el avance de la gentrificación en la ciudad y sus evidentes consecuencias, dice trabajar con sus acciones en concienciar y sensibilizar sobre esta problemática. Junto a la búsqueda de sinergias con otros movimientos en varios territorios con situaciones similares conforman su lucha concreta “por la identidad de la ciudad, de sus barrios, por el derecho a la vivienda residencial en Cádiz frente a la saturación de pisos turísticos y por un modelo basado en el comercio local frente a las grandes franquicias pensadas para el público turista que igualmente eleva los precios de los locales comerciales para emprendedores de la ciudad”.
Incidiendo en que este movimiento no está en contra de los turistas pero sí de este modelo que arrasa con todo, termina haciendo un llamamiento urgente a promover un turismo sostenible “que permita diversificar la economía hacia actividades productivas respetuosas con la vida de la vecindad trabajadora y del entorno”; al tiempo que se opone a la llegada “continua y desregulada” de cruceros al puerto gaditano, que “contribuyen de manera importante a la contaminación de nuestros territorios y a la crisis climática”.
