Para conmemorar el 73 aniversario de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en Cádiz lleva a cabo estos días varias acciones en su ámbito (San Fernando, El Puerto, Conil, Puerto Real y Chiclana), además de convocar en la tarde del mismo viernes día 10 una manifestación en el centro de la capital, entre la plaza del palillero y la plaza de San Juan de Dios, bajo el lema ‘Los derechos que no se defienden, se pierden’.
Coincidiendo con el final de la marcha, la Apdha ha aprovechado para entregar su reconocimiento “al compromiso en defensa de los derechos humanos” a la Marea Blanca Gaditana “por su lucha incansable por una sanidad pública, que es el derecho a la salud, y por su apoyo constante a todas las causas solidarias en la provincia”.
Con esta movilización y actividades, según se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se pretende reivindicar “todos los derechos para todas las personas”: los de las personas que no tienen techo, los de quienes no pueden acceder a una vivienda digna, o a un trabajo digno; los derechos de los niños y niñas, y los de las personas mayores; los derechos de la gente que vive en los barrios más olvidados y de la gente trabajadora “que apenas sobrevive entre la más absoluta precariedad”; de las personas migrantes “que sufren todo tipo de tropelías y el racismo”; de las mujeres “que sufren la continua violencia”; y de las personas LGTBIQ.
“Y por supuesto, reivindicar los derechos a la salud y la educación hoy cuestionados. Y sin duda, el derecho a un planeta saludable que significa luchar de verdad con/por la emergencia climática”, incide este colectivo.
“LA PANDEMIA COMO EXCUSA PARA EL RECORTE DE DERECHOS”
En la mañana de este 10-D, la Apdha también ha celebrado en Sevilla una rueda de prensa para denunciar cómo la pandemia del Covid-19 “ha sido un elemento determinante para desarrollar políticas de recorte de derechos y para el incumplimiento de las promesas políticas”.
En este sentido, su documento ‘La nueva normalidad: derechos recortados’, pone de relieve que “la pobreza se ha incrementado en Andalucía de forma significativa”, y se denuncia “el deterioro de los servicios públicos debido a los recortes aplicados, en un marco de extendida pobreza y exclusión social que la pandemia ha acrecentado”.
La asociación señala que esta situación es especialmente significativa en el ámbito educativo, dado que “la pandemia ha generado graves efectos por la brecha digital, al excluir a un alumnado que posiblemente tardará en recuperar el ritmo habitual”.
Los efectos del coronavirus también son notables, para la Apdha, en ciertos colectivos. Un ejemplo muy claro es el de las trabajadoras transfronterizas en Ceuta y Melilla, “a quienes el cierre de la frontera ha dejado en una situación de desamparo”; o el caso de “las trabajadoras de hogar, las cuidadoras o las trabajadoras sexuales”. Con respecto a estas últimas, se rechaza frontalmente “las propuestas abolicionistas, que se están debatiendo sin contar con las principales afectadas”.
Otro de los sectores que salen peor de esta crisis sanitaria es el de las personas privadas de libertad, ya que “se ha dificultado aún más el acceso a las prisiones por parte de las familias”. E igualmente, este informe considera de gran importancia el efecto de la pandemia en la gestión de los procesos migratorios.
No obstante, para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la crisis alrededor de Covid no solo se muestran en ese recorte de derechos, sino también “en una desatención a las promesas políticas que, desde los distintos estamentos, especialmente los partidos que sustentan el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos), se habían desarrollado”. Aquí entra, por ejemplo, el compromiso “del cierre de los CIE y de poner fin a las devoluciones en caliente”. Ninguno de los dos se ha cumplido. “Es más, se está gestionando la apertura de un nuevo centro en Algeciras” y la reforma de la conocida como ley mordaza “no contiene la expresa derogación de las devoluciones en caliente”. En la misma línea, se recuerda la posición contraria a la prisión perpetua manifestada por todos los grupos políticos que apoyan al Gobierno y que “no puede quedar soslayada por la declaración de constitucionalidad, ya que es un claro y terrible retroceso en el respeto de los derechos fundamentales”.
La Apdha también critica los incumplimientos en materia de vivienda y de inserción social. Por una parte, en materia de vivienda, en plena pandemia y “pese a la prórroga establecida por el decreto antidesahucios”, los lanzamientos de vivienda en la comunidad autónoma suman 4.700 en los nueve primeros meses de 2021, creciendo un 71% más que en el mismo periodo de 2020”. Además, “tanto la Renta Mínima de Inserción andaluza como el Ingreso Mínimo Vital son insatisfactorios”, denuncia. En concreto, con respecto a este último, se lamenta que “15 meses después de su puesta en marcha sólo lo perciben en Andalucía el 30% de sus demandantes”.
Por último, la entidad recuerda la necesidad de mantener el compromiso solidario, especialmente en este contexto pandémico por lo que exige la “liberalización de las vacunas para que lleguen al conjunto del planeta y no sólo a los países ricos”.
