El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya tiene autorización, del Consejo de Ministros, para licitar un nuevo contrato para el mantenimiento de los dos puentes sobre la Bahía de Cádiz, el nuevo puente de la Constitución de 1812, y el veterano puente José León de Carranza (que sigue esperando el cambio de nombre para cumplir con las leyes de Memoria Histórica).
El contrato se licitará por hasta 40,7 millones de euros (IVA incluido) por tres años de duración (sale a casi 14 millones anuales), con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
En concreto, está destinado al mantenimiento y conservación de 12,5 kilómetros de carreteras estatales, de los que unos 9 km son autovía: 7 km de la CA-35 (que incluyen el segundo puente, en servicio desde 2015); y 5,5 km en la CA-36 (contemplando el puente Carranza, inaugurado en 1969), en ambos casos entre Cádiz y Puerto Real. Además, se añade en el contrato la rehabilitación superficial del firme en la carretera CA-35, entre los km 0 y 1,900.
OPTIMIZAR RECURSOS PÚBLICOS Y REDUCIR EMISIONES
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales “dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles”. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
Por otro lado, se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deben incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
