El presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para 2016 ha entrado en vigor tras su publicación en el BOP, una vez que el pasado 4 de julio obtenía el visto bueno definitivo en Junta de Gobierno Local, después de que la oposición volviera a tumbarlo en un pleno extraordinario, como ocurría en la tramitación inicial. El bipartito celebra que con sus cuentas va a poder desarrollar “una nueva política marcada por tres prioridades básicas: inversión social, vivienda y empleo”.
El presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para 2016 ha entrado este 19 de julio en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), una vez que el pasado 4 de julio obtenía el visto bueno definitivo en Junta de Gobierno Local, después de que la oposición volviera a tumbar las cuentas en un pleno extraordinario, como ocurría en la tramitación inicial.
Unas cuentas, que no recogen las alegaciones al mismo aprobadas por la oposición, que ascienden a 159,8 millones de euros (195 millones incluyendo a empresas municipales y organismos autónomos) y que “dan prioridad a la inversión social, la vivienda y el empleo”, según el discurso del equipo de Gobierno; aunque PP, PSOE y Ciudadanos las han criticado y rechazado sobre todo por contemplar, según ellos, unos 18 millones de ingresos ficticios: por la posible venta de la zona hotelera de la tribuna del Carranza, y diversos convenios y subvenciones con la Junta no corroborados.
El equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, recuerda que los presupuestos son “la herramienta más importante que tiene un Ayuntamiento para gestionar e implementar políticas en la ciudad”, y que son “muchos los asuntos de vital importancia para la ciudad que dependen de estos presupuestos de 2016” que, tras su publicación en el BOP, ya entran en vigor.
De esta forma, el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ celebra que, a partir de ahora, va a poder desarrollar “una nueva política marcada por tres prioridades básicas: inversión social, vivienda y empleo”. Así, estos presupuestos (los primeros sin el ‘sello’ de la derecha veinte años después) recogen un incremento de hasta el 30% en políticas sociales con respecto al anterior (de 2014), “lo que supone una de las mayores apuestas por la inversión social de todo el país”, se asegura. Estas partidas van destinadas, fundamentalmente, a paliar la situación de desigualdad que atraviesa Cádiz, con programas como el de actuación en Zonas con Necesidades de Transformación Social al que se reservan 170.000 euros. También se tiene previsto fortalecer la intervención con personas en situación transitoria de sinhogarismo, además de contemplarse la puesta en marcha del nuevo albergue.
En políticas de empleo se han establecido varias líneas de actuación, como la generación de puestos de trabajo mediante el mantenimiento de edificios y priorizando empresas de economía social. Y hay que sumar la implementación de distintos planes de empleo y desarrollo local, cumpliendo así los acuerdos adoptados en el pleno extraordinario de empleo. En total, casi 2 millones destinados a la generación de puestos de trabajo en la ciudad.
Y en materia de vivienda, a la que se destina 1 millón de euros, se contemplan tres tipos de actuaciones. La puesta en marcha del Programa de Alquiler Justo, que tiene como objetivo la captación y movilización de viviendas vacías para facilitar el acceso a ellas. Y también se destinarán recursos a paliar los casos de infravivienda, a un programa de alquiler temporal, así como a un epígrafe dedicado al mantenimiento y la rehabilitación de vivienda pública.
El bipartito insiste en que sus primeros presupuestos se han elaborado “con sentido común, conscientes de que detrás de cada una de las cifras que hemos apuntado hay familias”.
Llevan cocinándose desde el pasado mes de marzo, con distintas reuniones con los partidos de la oposición para buscar consensos, sobre todo con el PSOE, partido con el que hubo acercamientos, aunque finalmente dijo no a las cuentas, como PP y Ciudadanos. Los socios de Gobierno en minoría, como les permite la ley (impuesta años atrás por la derecha), han podido sacar adelante el documento en solitario. Aunque una sentencia del Tribunal Constitucional va a declarar nulo este procedimiento; pero, no tiene efectos retroactivos, aunque los populares no lo tienen tan claro.
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