La empresa municipal Aguas de Cádiz celebraba a finales de la semana pasada un consejo de administración para informar sobre diferentes asuntos, como la labor desempeñada y el proceso de selección de un ingeniero cuyo contrato ha sido suspendido por causas personales (al tenerse constancia de que está condenado por una violación), y para tratar sobre los gastos de representación de los últimos siete años. El presidente de la compañía y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, no ha dejado de resaltar la ausencia de los consejeros del PP en esta reunión.
Por un lado, de acuerdo con el principio de publicidad activa y conforme a las obligaciones legales en materia de transparencia que vinculan a esta empresa, De la Fuente ha solicitado los datos relativos a los gastos de representación de los últimos siete años “para contestar con números reales a quien se permite el lujo de cuestionar ahora el uso del dinero público de Aguas de Cádiz”.
En este sentido, los datos demuestran que desde 2012 a 2015, siendo el popular Ignacio Romaní presidente de la empresa (y ausente de esta última reunión), entre él y el anterior gerente se gastaron cerca de 53.500 euros “frente a los 571,40 euros que se han gastado los actuales gestores desde 2016 hasta la fecha”.
Atendiendo también a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital que determina que “en el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones”, durante el debate de la reunión del consejo se acordó hacer público no solo los datos de representación del periodo 2012-2018 sino todos los datos de las distintas partidas económicas -incluyendo los desgloses de los ‘gastos varios’- desde el año 1995, es decir, desde el año de la creación de la empresa.
Por ejemplo, desde 2012 hasta 2015 (todavía en la etapa del PP), el total de gastos en comidas del anterior gerente fue de casi 38.800 euros, frente a los 322 euros de gastos en comidas del nuevo gerente desde 2016 a 2018 (ya en la etapa del actual Ejecutivo de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común). En cuanto a los presidentes, Álvaro de la Fuente no ha gastado nada en estos años mientras que Romaní computó casi 12.000 euros en comidas más otros 14.000 euros de ‘gastos varios’.
A la espera de ampliar esta información y según los datos aportados hasta ahora al consejo de administración, en el concepto de ‘gastos varios del presidente’ que se computan hasta el año 2015, se puede comprobar, por ejemplo, que el 31% de esas cantidades se gastó en fines de semana, hay grandes cantidades de gastos en gasolina no justificadas, comidas en Bruselas y Dublín y gastos en otras ciudades europeas sin relación con actividades de Aguas de Cádiz o el importe de un taxi a Marbella de una concejala del Ayuntamiento que ni siquiera era consejera de la empresa de agua, entre otros gastos.
Sobre esta cuestión, la derecha se defiende interpretando que “la estrategia de la actual gerencia y presidencia es atribuir sin nombres gastos de la empresa para dañar el honor de los anteriores gerentes, sin importarles que las personas afectadas ni siquiera estén ya vivas”. Así, el PP pone en cuestión la información ofrecida en esta reunión “teniendo en cuenta que –afirma- parte de la misma gerencia que el año pasado filtró gastos para la comida del grupo de empresa como si fuera del presidente de Aguas de Cádiz o que, sabiendo perfectamente que no eran del concejal del PP, atribuyó consumiciones en bares y restaurantes de otra persona. Es también el mismo que encargó al ahora detenido el informe de Loreto”.
SOBRE EL TÉCNICO JUZGADO POR UN DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL
En cuanto al otro punto abordado, lo más curioso es que el PP lleva días pidiendo públicamente explicaciones sobre el técnico acusado de un delito de agresión sexual “de manera urgente” y solicitado por escrito información sobre este asunto; “y dada la necesidad de aclarar las falsas acusaciones con las que han intentado confundir a la opinión pública y dañar el nombre y la buena imagen de esta empresa municipal”, De la Fuente ha afeado la ausencia de los representantes populares, sobre todo del actual vicepresidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní.
En el “exhaustivo” informe de más de 95 páginas preparado por Aguas de Cádiz para este consejo “y que estará disponible en el Portal de Transparencia de la web de la empresa” –se remarca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz-, se demuestra, en primer lugar, que el proceso para cubrir una plaza de técnico en redes hidráulicas que consiguió el trabajador señalado “fue completamente legal, abierto y público”. “Es más, en los últimos años y hasta que tomamos las riendas de esta empresa todos los contratos se hacían a dedo a través de empresas de trabajo temporal y lo primero que hicimos fue solventar esta anomalía sacando a concurso público las plazas de cuyo proceso se encargó la empresa de recursos humanos Deloitte”, aclara el presidente de la compañía.
De hecho, en este consejo de administración se contó con la presencia del presidente del comité de empresa de la empresa (puesto que el último convenio colectivo -firmado el pasado mes de noviembre- recoge que el personal de la empresa está representado en las sesiones del consejo por un miembro del comité, con voz y sin voto, cuando se traten temas de personal). En su intervención, mostró su malestar por haberse puesto en duda un proceso de selección en el que se atendió, como establece la ley, a los principios de igualdad, mérito y capacidad y del que formó parte el propio comité.
Por otra parte, se ha detallado y explicado pormenorizadamente la cronología del expediente de modelación hidráulica encargado por la empresa en 2015 y su relación con el informe técnico resultado de la comisión creada en la empresa para el estudio y esclarecimiento del incidente en el servicio de abastecimiento de agua en el barrio de Loreto ocurrido en septiembre de 2014. En el mismo informe preparado para este consejo se explica la contratación, por parte de la anterior gerencia (cuanto todavía ‘mandaba’ el PP), de la empresa Aquageo como asistencia técnica y consultoría en materia de Sistemas de Información Geográfica (GIS), modelación y calibrado hidráulico de red y cómo, con posterioridad, al no disponer Aguas de Cádiz de especialista en este campo, se utiliza este modelo matemático para aplicarlo al sector hidráulico de Loreto.
“Es falso -puntualiza De la Fuente- que se encargara a este trabajador un informe ad hoc como se ha dicho”, sino que esta herramienta de modelación hidráulica se utilizó, como otras, en el informe sobre la crisis de suministro de agua potable a Loreto, un documento completo realizado exclusivamente por un comité formado por técnicos de Aguas de Cádiz basado en una metodología de pruebas periciales y en el que se analizan múltiples variables y se emplean diversas herramientas de carácter técnico. De hecho, el análisis del incidente y la determinación de su origen se estructuran mediante la formulación de nueve hipótesis que son comprobadas o desechadas en base a la verosimilitud técnica y justificación de cada una de ellas y es solo en una de estas nueve hipótesis en la que se aplican las herramientas de simulación.
La versión del PP, ausente del consejo de administración, es que el presidente de Aguas de Cádiz entregó “siete papeles llenos de tachones para explicar que el autor del informe en el que basó sus calumnias el alcalde sobre el corte de agua de Loreto fue quien ganó seis meses más tarde una plaza fija en la empresa frente a otros 60 candidatos”.
“El resumen es que el último consejo de Aguas de Cádiz sirve para que el alcalde se esconda y no explique cómo entró fijo el líder de la ‘Manada de Villalba’ tras hacer un informe sobre el corte de agua en Loreto”, insisten desde el ahora principal partido de la oposición.
