El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dependiente de la Diputación ha resuelto que el proceso de contratación del servicio de ayuda a domicilio de la ciudad de Cádiz puede seguir adelante, aunque ha detectado irregularidades en la información sobre el personal a subrogar, como ya alertó Autonomía Obrera meses atrás.
Tras la suspensión de forma cautelar el pasado octubre de esta licitación ante la presentación de dos recursos considerando que el pliego “no es viable económicamente, al estar infradotado”, el Ayuntamiento de Cádiz entregó toda la información requerida al Tribunal, que ahora considera que puede abrirse nuevamente el plazo de presentación de ofertas por un periodo de 14 días para salvaguardar los derechos de los posibles licitantes.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Hacienda y Contratación, Maite González, destaca con esta resolución “se abre la posibilidad de que se presenten aún más empresas de las tres iniciales”.
En el fallo del Tribunal se asegura que el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato fueron “correctamente fijados por el órgano de contratación sin que por la recurrente se haya probado incumplimiento de disposición legal ni de la comisión de un error manifiesto en su cálculo”.
En cuanto al personal a subrogar, que era otro de los motivos de los recursos, este Tribunal Administrativo advierte de que “el órgano de contratación incorpora a su expediente y publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público la relación de los trabajadores a subrogar facilitado por la actual adjudicataria con detalle específico de porcentaje de jornada, antigüedad, categoría, salario, vacaciones, situaciones de incapacidad y excedencia”. La única admisión parcial de uno de los recursos se resuelve por el citado tribunal pidiendo que se abra de nuevo la licitación por 14 días, período en el que se había publicado el pliego sin uno de los documentos referidos, precisa esta edil del PP.
En este sentido, Maite González remarca que “siempre dijimos que la licitación se llevó a cabo de forma correcta y que las condiciones que presenta el pliego garantizan su viabilidad y ahora el Tribunal viene a darnos la razón con su resolución permitiéndonos volver a abrir este procedimiento”.
“El pliego cuenta con una dotación económica suficiente en base a los criterios técnicos de Intervención y Contratación y en base a la decisión política de elevar el precio/hora en un 33% respecto al contrato anterior, con una dotación de más de 35 millones de euros (sin IVA) para los cuatro años suponiendo casi el doble del pliego del anterior equipo de Gobierno”, sobresale la concejala de Hacienda.
El Ayuntamiento aprobó el pasado verano en un pleno extraordinario este nuevo pliego del servicio de ayuda a domicilio (paso previo a su esperada licitación para “dignificar” a la plantilla), cuyo contrato lleva cinco años caducado y con una prórroga forzosa con la última concesionaria, DomusVi.
“ES OTRA MUESTRA DE LA MALA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO”
Mientras, el portavoz municipal del PSOE, Óscar Torres, ha tachado de “inadmisible” que la “falta de rigor” en la tramitación del pliego “conlleve nuevos retrasos”, que afectan directamente a las trabajadoras del servicio, que llevan años reclamando mejoras en sus condiciones laborales, y a los usuarios, un colectivo especialmente vulnerable.
“Estamos ante otra muestra más de cómo trata lo social, el que se publicita como ‘alcalde más social’. Una nueva incidencia en la tramitación de un servicio esencial, que supone un perjuicio inaceptable para muchas familias gaditanas y para las trabajadoras del servicio”, opinan desde el principal partido de la oposición.
Así, Torres ha reiterado la propuesta de municipalizar el servicio (que también exige Adelante Izquierda Gaditana y la propia plantilla de este servicio privatizado), una medida que “permitiría garantizar mejores condiciones laborales para las trabajadoras y una atención más eficiente para los usuarios”.
En definitiva, el portavoz socialista insta al equipo de Gobierno de derechas a actuar con “celeridad y responsabilidad” para desbloquear esta situación y evitar más demoras: “no podemos permitir que la incompetencia del Ayuntamiento siga castigando a quienes más dependen de este servicio”.
LAS ACLARACIONES DE AUTONOMÍA OBRERA
Por su lado, Autonomía Obrera asevera sobre esta resolución que “es muy concluyente. Por un lado le deja claro que no es el Ayuntamiento quien debe determinar qué convenio colectivo debe aplicarse al colectivo de trabajadores afectados, así como a las asociaciones de empresa que han realizado un recurso genérico, que no han mostrado las evidencias económicas por las que denuncian falta de dotación económica al margen que una de ellas presentó el recurso fuera de plazo”.
“La Diputación -insiste este sindicato- ha puesto sentido común a todo esto simplemente aplicando la Ley de Contratación del Sector Público, donde elegantemente le dice al Consistorio gaditano que los únicos que deben dirimir qué convenio corresponde aplicar obedece a las relaciones laborales existentes entre la representación sindical y empresas licitadoras, siendo el poder judicial el que dictamine otra cosa en caso de la existencia de conflictos entre ambos y no las injerencias que suele utilizar el Ayuntamiento de Cádiz que solo han provocado nuevamente el inicio del proceso de presentación de ofertas por su incompetencia”.
El mensaje del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales “ha sido claro tanto para el Ayuntamiento como para las asociaciones de empresas y no es otro que hacerles ver, tal como adelantó Autonomía Obrera, que en este servicio hay que contar con el colectivo de trabajadores que por fin, con su actual convenio provincial de Limpieza, han sumado un acuerdo en el Sercla que dignifica salarialmente su trabajo después de tantos años de maltrato laboral”.
