En el marco de la operación bautizada como Cachito, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y a la explotación laboral en establecimientos de hostelería, en concreto en los restaurantes de comida rápida bajo la marca Parsa Doner Kebab.
Dos de ellos se localizaban en la capital gaditana desde hace unos meses, a lo largo de la avenida principal, y otros dos en Badajoz. Los cuatro amanecieron días atrás clausurados por orden judicial. Según la investigación, estos locales donde se servían platos típicos de la cocina turca funcionaban gracias a la explotación laboral de personas extranjeras en situación de extrema vulnerabilidad.
Las víctimas, procedentes sobre todo de Pakistán, habían abandonado sus países de origen huyendo de situaciones de pobreza extrema y graves problemas de seguridad. Muchas de ellas además con importantes cargas familiares. Una vez en España, y encontrándose en situación administrativa irregular, aceptaban trabajos en estos ‘kebaps’, “donde eran sometidos a condiciones laborales y de vida extremadamente precarias”, se insiste en el relato de la Policía trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
En algunos casos, las víctimas residían en los propios locales donde trabajaban, “durmiendo en sillas y sin disponer siquiera de colchones”. Utilizaban los baños destinados al público para su aseo personal y se alimentaban con la comida disponible en el establecimiento. Sus jornadas laborales se prolongaban entre doce y catorce horas diarias, “en ocasiones sin percibir salario o recibiendo remuneraciones mínimas”.
Otros eran alojados en viviendas destinadas a tal fin, donde convivían hacinados con compatriotas en condiciones insalubres, “llegando a detectarse colchones infestados de chinches”. Pese a ello, eran obligados a jornadas laborales igualmente extensas, “con escaso descanso, alimentación insuficiente y percepciones económicas que en algunos casos apenas alcanzaban los 100 euros mensuales”.
CONTROL, AMENAZAS Y COACCIONES
La investigación de la Policía Nacional ha revelado que estos trabajadores esclavizados estaban sometidos a un férreo control por parte de los responsables de la trama. Eran vigilados mediante cámaras de seguridad instaladas en los restaurantes, a través de las cuales los tratantes les daban instrucciones e incluso les despertaban durante la noche para realizar distintas tareas.
Asimismo, eran objeto de amenazas, especialmente relacionadas con su situación irregular; les advertían de que, si abandonaban el trabajo o denunciaban la situación, serían denunciados para su expulsión de España.
Pero además, sufrían humillaciones y coacciones psicológicas: amenazados con ser grabados y difundidos en redes sociales, tratados de unos jefes a otros, o trasladados de ciudad, “como si de ganado se tratase, anulando totalmente su voluntad”.
“Las condiciones de explotación y la presión constante ejercida sobre estas personas provocaron importantes secuelas físicas y psicológicas, entre ellas ansiedad, insomnio y cuadros depresivos”, se remarca.
ONCE LIBERADOS Y CUATRO DETENIDOS
La operación policial culminó con cuatro registros domiciliarios: dos en Badajoz, uno en una vivienda utilizada para alojar a trabajadores y otro en el domicilio de uno de los investigados (con el agravante de que en uno de esos pisos se localizó una gran cantidad de alimentos almacenados en condiciones insalubres); y dos en Cádiz, ambos utilizados como alojamiento para los explotados.
Así, se intervinieron cerca de 10.000 euros en efectivo, diversa documentación que permitió identificar a otros posibles explotados por la trama, así como distintos efectos relacionados con la actividad investigada.
Igualmente, más allá de decretarse la clausura de los cuatro ‘kebaps’, se permitió la liberación de once víctimas de trata de seres humanos; y se procedió a la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en los hechos investigados, tres en Cádiz y una en Badajoz de los cuales dos han ingresado en prisión.
Para los investigadores, la organización presentaba una estructura estable en la que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones concretas dentro del entramado delictivo.
Esta operación Cachito ha sido desarrollada de forma conjunta por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz.
